La gestión de la alcaldesa Heidy Torres, en medio de la emergencia sanitaria desatada por la COVID-19, es investigada por parte de la Contraloría, al considerar que existieron irregularidades en la firma de los contratos para la prestación de servicios logísticos para la ejecución del plan de acción frente a los contagios por coronavirus.
Según lo indicado este viernes 24 de abril, las presuntas irregularidades radican en un contrato firmado por valor de $101.500.000; y otro por valor 100.000.000 millones de pesos, suscritos entre la Alcaldía de Puerto Escondido y la Fundación para el Desarrollo y la Convivencia – Fundecovi.
El ente de control sostiene que ninguno de los dos contratos se habría ejecutado en el tiempo establecido para la prestación de servicios de apoyo logístico para medidas de precaución del coronavirus y el suministro de mercados, como ayuda humanitaria para apoyar la emergencia social en el municipio de Puerto Escondido.
Entre tanto, la alcaldesa de esta localidad, Heidy Torres, aseguró que todo se trataría de una confusión porque, según ella, la contratación se hizo de manera trasparente.
'No entiendo por qué se ha llegado a esa confusión. Efectivamente, el contrato se ejecutó en dos días, pero no quiere decir esto que el plan de acción se ejecutó en esos dos días. Se contrató por $101.500.000, esa suma obviamente no se iba a gastar en dos días, solo que se hizo un plan de acción con anterioridad y sí se contrató un médico, pero por todo el tiempo de la contingencia', sostiene.
En su argumentación la mandataria agregó que 'el contrato se ejecutó en dos días porque estamos en una emergencia sanitaria que es mundial y el municipio fue declarado en urgencia manifiesta que quiere decir que debo actuar de manera inmediata. No hicimos una contratación para un puente o una vía que demora 30 días una ejecución, hicimos una contratación que era para la emergencia y se compraron elementos de bioseguridad que fueron entregados al Camu y se ha hecho desinfección del municipio'.
Finalmente, sostuvo que este tipo de situaciones podrían ser el resultado de ataques políticos y negó la existencia de otro contrato con el mismo objeto.
'Pienso que son ataques porque mal haría yo aprovechándome de la emergencia para lucrarme con dineros del Estado. Lo que se ve a luz pública que es la ejecución de dos días se ha tomado para mala interpretación', puntualizó Torres.
