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Los rectores aseguran que el presupuesto para este año no alcanza para aplicar la gratuidad en medio de la pandemia por el coronavirus. El Sistema Universitario Estatal, SUE, aseguró que es inviable ceder a las propuestas de gratuidad universitaria para el segundo semestre del 2020, pues según su presidente, Jairo Torres Oviedo, los establecimientos públicos de educación superior no cuentan con los recursos que le permitan obviar el porcentaje obtenido de las matrículas.

Así fue confirmado tras la reunión virtual realizada por los 32 rectores de las universidades públicas del país, referente a las estrategias que permitan mitigar la deserción estudiantil para el segundo semestre del 2020, por causa de la pandemia.

Jairo Torres Oviedo, rector de la Universidad de Córdoba y presidente de la SUE, manifestó que 'los presupuestos de las universidades públicas se aprueban año a año de manera deficitaria, es decir, los recursos disponibles no alcanzan a cubrir la totalidad de los gastos de funcionamiento e inversión requeridos, por lo que no es viable financieramente plantear gratuidad en las matrículas a partir de una disminución de gastos y un recorte en la inversión, sin que existan recursos adicionales'.

La petición había sido realizada por algunos sectores tras la expedición del Decreto 461 de 2020 en el marco de la emergencia económica, donde se faculta temporalmente a los gobernantes regionales para la reorientación de rentas que incluyen las estampillas de las universidades públicas.

Torres Oviedo explicó que 'reducir los presupuestos de inversión de las universidades compromete su capacidad para avanzar en sus planes de mejoramiento y de desarrollo de cara a los procesos de acreditación de alta calidad. Por lo que cualquier iniciativa de modificación del presupuesto de una universidad pública debe obedecer a un riguroso estudio técnico que evidencie que dicha modificación no afecta la sostenibilidad de la institución'.

Los rectores pidieron al Gobierno nacional que se garanticen las rentas destinadas a las universidades públicas para atender sus necesidades de inversión y no se cambie su destinación por causa de la crisis económica.

Estamos de acuerdo con la construcción de una política estatal que sustente la gratuidad en la educación superior pública; sin embargo, debe soportarse en la asignación de nuevos recursos a las instituciones por parte del Estado, ya sea desde la Nación, los departamentos, distritos o municipios', puntualizó Torres.