Los elementos de prueba obtenidos por la Fiscalía General de la Nación que pusieron en evidencia el denominado ‘cartel de las pensiones en Córdoba’, fueron determinantes para que el Tribunal Superior de Bogotá mantuviera la condena de 18 años y 3 meses de prisión contra Luis Carlos Sampayo Mejía, uno de los principales articuladores de un millonario desfalco al magisterio.
Durante la etapa de juicio, la Fiscalía demostró que este hombre fingió ser abogado y, en asocio con otras personas, participó en la presentación de 51 demandas con las que obtuvieron reajustes pensionales a favor de profesores de Córdoba, que no cumplían los requisitos de ley.
El falso profesional del derecho y sus cómplices soportaron las peticiones judiciales con documentos espurios, y recurrieron a otras maniobras ilícitas para que los jueces accedieran a sus pretensiones. Este entramado de corrupción representó pérdidas para el erario público por 255 mil millones de pesos.
En ese sentido, el fallo en contra de Sampayo Mejía se mantiene por los delitos de peculado por apropiación agravado en concurso heterogéneo con prevaricato por acción y falsedad en documento público agravada. Al igual que la multa de 17 mil salarios mínimos mensuales vigentes y la inhabilidad de 194 meses para ejercer cargos públicos.
Irregularidades
El primer hecho relevante contra Luis Carlos Sampayo Mejía es que no es abogado. Así lo certificó el Consejo Superior de la Judicatura, que reveló que ejerció con la tarjeta profesional de otra persona.
Posteriormente, la Fiscalía evidenció que estuvo involucrado en la falsificación en 5.530 documentos públicos y 1.218 documentos privados, con los que se soportaron las demandas de ajuste pensional contra la fiduciaria La Previsora S.A., el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
En el camino irregular para lograr el desembolso de las pretensiones económicas fueron falsificados, entre muchos trámites y papeles, poderes de autenticación de las demandas de los profesores, firmas y sellos de la Secretaría de Educación de Córdoba, resoluciones de aprobación de ajustes pensionales y certificaciones del secretario ejecutivo de la Gobernación de Córdoba, en las que supuestamente daba el visto bueno para que se cumplieran los pagos.
