Mario Anaya Múñoz, el procurador judicial de Córdoba que actúa en las audiencias en contra de Cristian Petro Almanza y Juan Soto Garcés, implicados en la masacre de Chimá donde perdieron la vida tres ciudadanos, también le solicitó a la juez Promiscuo Municipal que envíe a estos a prisión.
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El pedido de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario para Petro y Soto se produjo al inicio del mediodía de este jueves 31 de octubre en desarrollo de la audiencia de solicitud de medida que inició la mañana del miércoles 30 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Chimá y que continuará el próximo 6 de noviembre con la intervención de los abogados defensores de los procesados cuya defensa principal está en cabeza del reconocido penalista Lesmer Quintero Argel.
El representante del Ministerio Público, al igual que lo hizo la Fiscalía y los abogados Suley Rico y Erick Calderón, consideró que la prisión en centro carcelario es la única que se adecúa a la situación en la que estos habrían incurrido como fue la de asesinar al ganadero y empresario sucreño Esteban Rafael Urueta González, y a sus empleados Gerardo Marzola Coronado y Fredy Beleño Acosta, a quienes también incineraron y enterraron en una fosa.
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El procurador también hizo un relato de los hechos y en desarrollo de este mencionó a dos hombres de la zona de Carolina, en Chimá, de los que la Fiscalía también tiene conocimiento porque un testigo se los mencionó como las personas que transitaron en una moto enduro y en un caballo llevando consigo gasolina en unos envases plásticos de gaseosa, por lo que las autoridades presumen que fue la que utilizaron para quemar a las víctimas de estos macabros hechos ocurridos el 10 de septiembre.
