El próximo viernes 15 de noviembre la juez Promiscuo Municipal de Chimá, Córdoba, con funciones de control de garantías, decidirá sobre la medida de aseguramiento intramural que la Fiscalía le pidió para Cristian Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, procesados por la masacre de Chimá.
Leer más: Desbordamiento del río Jerez en Dibulla deja decenas de familias afectadas
Para el ente investigador-acusador representado en este caso por el Fiscal Primero Seccional adscrito a la Unidad Vida, la detención en una cárcel es la medida que se adecúa a la actuación cometida por estos, pues les atribuyen la comisión de los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado, porte ilegal de armas y ocultamiento de material probatorio.
De estas conductas punibles fueron víctimas el pasado 10 de septiembre el empresario y ganadero sincelejano Esteban Urueta González y sus empleados de fincas Fredy Beleño Acosta y Gerardo de los Santos Marzola Coronado, a quienes según el dicho de la Fiscalía, asesinaron con armas contundentes (madero) y balazos, los incineraron y lanzaron a una fosa que estaba construida en una finca en el corregimiento Carolina.
Lea acá: Acusaron a presuntos homicidas de abogado en Valledupar
Fueron víctimas de “la coartada criminal apocalíptica” que se derivó por el querer de Esteban Urueta de ir a indagar sobre las 700 cabezas de ganado que le había dado a administrar a su socio y amigo Cristian Petro.
En criterio de la Fiscalía, los procesados Petro y Soto representan un peligro para la sociedad y las víctimas, por su actuar y por eso insiste en que deben ir a prisión.
El pedido de cárcel para los antes mencionados fue coadyuvado por la Procuraduría y por los dos abogados que representan a las familias de los asesinados, pero los defensores de Cristian Petro y Juan Soto le solicitaron a la juez que se abstenga de imponer esa medida.
Reparos a las pruebas
A su vez los reconocidos penalistas Lesmer Quintero Argel y Antonio Luis González, en sus extensas intervenciones, reiteraron que este es un proceso con falencias y graves violaciones a los derechos.
Además a los ahora procesados los torturaron y presionaron para declarar, y como si fuera poco, dijo el abogado Quintero Argel, los miembros del Gaula alteraron, a su gusto y criterio, las declaraciones de Cristian Petro que dice haber firmado y huellado todas las hojas, pero en las pruebas de la Fiscalía dadas en traslado solo aparece su firma y huella en la última página.
Lea también: Capturan a dos personas por porte ilegal de armas de fuego en Villanueva
“Hubo violencia física y psicológica a los procesados por parte de personal del Gaula” y de otros ciudadanos, entre ellos Tomás Vergara.
Los tiraron al piso, los patearon en presencia de ciudadanos de la zona donde ocurrieron los hechos y un miembro del Gaula hasta le disparó a Cristian.
El abogado Quintero Argel aseguró que los procesados nunca dijeron haber participado en los hechos como las autoridades lo han hecho creer a la opinión pública.
Los dos abogados de la defensa le reiteraron a la juez en que no tenga en cuenta los elementos que la Fiscalía le presentó y que tienen que ver con los insumos de los interrogatorios que Cristian y Juan rindieron para un preacuerdo que no se llevó a cabo, pero del que el ente investigador alude que sigue en firme esa posibilidad.
“A la Fiscalía se le acabó la munición probatoria”, remató el abogado Antonio Luis González.
