Cuatro presuntos extorsionistas del Clan del Golfo, entre ellos una mujer, fueron capturados por unidades de la Policía Nacional del departamento de Córdoba durante una operación antiextorsión adelantada en los municipios de Chinú, Lorica y Montería, además de la ciudad de Bogotá.
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Miembros del Gaula con apoyo de la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol), y articulados con la Fiscalía General de la Nación, materializaron las capturas de los alias ‘CD’, ‘Wicho’, ‘Elías’ y ‘La negra’, requeridos por jueces de la República para responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada y homicidio.
De estas aprehensiones se destaca la de alias CD o ‘Samuel’, que es el señalado cabecilla de la subestructura Javier Yepes Cantero. Lleva 12 años en esa organización armada y es el “encargado de materializar homicidios selectivos, cobro de extorsiones, constreñimiento e intimidación a los diferentes sectores económicos en la sabana cordobesa. Se le atribuyen al menos 40 acciones criminales en el marco de las disputas por el control del tráfico local de estupefacientes. Su historial delictivo incluye 34 antecedentes judiciales por los delitos de concierto para delinquir agravado por darse para homicidio, concierto para delinquir con fines de homicidio, homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y de armas de fuego y extorsión”.
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A ‘Wicho’ le atribuyen la responsabilidad de perfilar a las víctimas y coordinar amenazas y ataques a establecimientos comerciales para presionar el pago de extorsiones. En marzo de 2024, se le señala de haber identificado a tres víctimas para llevar a cabo homicidios en los municipios de Lorica, Cotorra y Purísima; mientras que ‘Elías’ y ‘La Negra’ actuaban como observadores criminales y eran responsables de realizar los cobros extorsivos.
El coronel Elkin Jesús Corredor Rueda, comandante del Departamento de Policía Córdoba, aseguró que “con estas detenciones se busca proteger el patrimonio económico de comerciantes, ganaderos y empresarios en la región, quienes enfrentaban una presión económica significativa por parte del grupo criminal que recaudaba más de 1.200 millones de pesos mensuales en extorsiones. La judicialización de los capturados es un paso crucial para garantizar la justicia y la protección de los ciudadanos”.
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