Luego de casi una semana de debates y análisis jurídicos, un juez con funciones de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento no privativa de la libertad al alcalde de Montelíbano, Francisco Alean, quien fue sindicado por el presunto delito de celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.
Junto con el mandatario local fueron procesados el exalcalde de esa misma localidad, Gabriel Calle de Moya; el sobrino de este, Jaime Ruiz Calle, quien funge como gerente de la empresa de Acueducto Jaguazul; y el actual secretario de Infraestructura municipal, Esteban Sossa.
La decisión fue tomada por el Juez Primero Penal Municipal Ambulante de Montería, Rafael Zuluaga, al mediodía de este viernes, durante la audiencia concentrada realizada en la sala 3 del Palacio de Justicia de Montería.
Según la Fiscalía, las personas antes mencionadas habrían ejecutado alrededor de 51 convenios interadministrativos que, supuestamente, permitieron la contratación irregular de $58 mil millones, la gran mayoría a través de la empresa de Acueducto Jaguazul de Montelíbano.
Si bien las órdenes de captura fueron expedidas por los delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, solo esta última trasgresión a la administración pública fue la que tuvo en cuenta el togado al momento de tomar su decisión.
Los demás señalamientos de la Fiscalía fueron desestimados luego de que el juez del caso considerara que existían algunas fallas en la investigación, pues en los elementos materiales probatorios no se establecieron con claridad los testigos del caso y faltaban pruebas que configuraran los delitos sustentados.
Durante las audiencias preliminares se conoció que por este tipo de contratación en Montelíbano, la Fiscalía tiene en la mira a varias personas cuyas órdenes de captura estarían próximas a expedirse.
Tras finalizar la diligencia judicial, el abogado Fernando Burgos, defensor del alcalde de Montelíbano, Francisco Alean, explicó que la medida privativa no afectaría las funciones del mandatario, salvo que durante el tiempo que dure el proceso no podrá realizar contratos interadministrativos.
'El alcalde tiene la prohibición del salir del país, la obligación de conservar buena conducta con especificación en la no participación de la celebración de convenios interadministrativos y la obligación para no tener contacto con eventuales testigos. Son medidas no privativas que dentro del principio de gradualidad, la jurisprudencia y la ley permiten adoptar al juez', puntualizó el jurista.
Los contratos interadministrativos consisten en la celebración contractual que se realiza entre dos entidades públicas, lo que permite facilitar la contratación sin someterla a los requisitos y condiciones de los contratos por licitación.
Recientemente el alcalde de Montelíbano había denunciado amenazas en su contra tras recibir supuestos mensajes intimidantes vía celular, en los que personas anónimas lo alertaban sobre planes para atentar en su contra, algo que denunció a mediados del mes pasado a través de los medios de comunicación.
