El riesgo de seguir revictimizados por la guerra está latente para los 35.500 pobladores de Tierralta, en el Alto Sinú, quienes residen en 12 corregimientos, cerca de un centenar de veredas y 28 pueblos indígenas de la etnia embera katío.
Así lo advierte la Defensoría del Pueblo, que tiene en su poder el informe de riesgo 129-17, de comienzos de este mes, que fue puesto en conocimiento del Ministerio del Interior y de la Gobernación de Córdoba, para que se generen acciones que permitan la ‘libertad’ de un pueblo que lleva más de medio siglo en guerra. Este territorio cordobés, en el Nudo del Paramillo, fue compartido por diversos grupos armados ilegales, entre ellos las recientemente desarmadas Farc.
La Defensoría del Pueblo señala en el diagnóstico que 'derivado de la firma y ratificación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz Estable y Duradera, entre el Gobierno y las Farc, se produjo el agrupamiento de los combatientes de los frentes 5°, 18 y 58, en el Punto Transitorio de Normalización de la vereda Gallo y desde entonces, comenzó un proceso de expansión y copamiento territorial de los miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, hacia las áreas abandonadas por los diferentes frentes de las Farc, con el fin de monopolizar las actividades criminales y las economías ilícitas'.
Advierte, además, que incluso las acciones del Estado para hacer realidad los puntos uno, dos y cuatro de la implementación del Acuerdo de Paz, relacionados con la solución al problema de las drogas ilícitas, no han podido ejercerse 'por la fuerte hostilidad de las Autodefensas Gaitanistas'.
'Se ha reconfigurado el escenario de riesgo para la población civil de Tierralta, teniendo como actor armado ilegal fuente de la amenaza a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, quienes han asumido el monopolio de las economías ilícitas, de la criminalidad y han expandido su control territorial luego de la dejación de armas por parte de las Farc', señala el informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo.
Para la elaboración del mismo el Ministerio Público definió una localización geográfica que incluyó 19 sectores urbanos que son los barrios el Diamante, la Esmeralda, José Antonio Galán, Villa del Juí, California, Nuevo Oriente, Montevideo, San José, el Puerto, la invasión 9 de Agosto con sus subsectores La Victoria, Corralejas, Los Robles, La Balsa, No Hay Como Dios, La Ceiba, Nueva Esperanza y El Milagro.
En la zona rural dispersa el estudio comprendió los corregimientos de Severinera, San Felipe de Cadillo, Mantagordal, Palmira, Santa Marta, Volador, El Caramelo, Bonito Viento, Santa Fe Ralito, ubicados en la margen oriental; Crucito, Águila, Batatas y Saiza, en la margen occidental, y el pueblo indígena embera katío residente en el Parque Nacional Natural Paramillo y sus comunidades: Kanyidó, Junkaradó, Karakaradó, Kachichí, Wido, Beguidó, Changarra, Antadó, Kapupudó, Mongaratatadó, Koredó, Nawa, Amborromia, Porrémia, Tundó, Dozá, Zorandó, Nejondó, Sambudó Pawarandó, Chimiadó, Arizá, Simbra, Tagual, Imamadó, Guayabos, Paníco y El Aguacate.
