Ante la Fiscalía General de la Nación la Gobernación de Córdoba denunció penalmente el uso indebido de recursos de la Secretaría de Educación Departamental.
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De acuerdo con lo reportado por la administración cordobesa a través de un comunicado a la opinión pública, la denuncia contra personas indeterminadas es por los delitos de peculado por apropiación y fraude procesal y/o los demás que se lleguen a establecer en desarrollo de la investigación.
El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, ha dicho en varios escenarios que esta denuncia penal se deriva de unos hallazgos que dan cuenta que “persona o personas irresponsables estarían utilizando las cédulas de ciudadanos incautos para inscribirlos como docentes sin serlo y hacerlos pasar como afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con el fin de obtener el dinero de las remuneraciones y prestaciones sociales”.
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El hecho de corrupción reprochado por el gobernador que ha dicho que lo llevará hasta las instancias necesarias, quedó al descubierto porque “una persona testificó haber sido engañada por un desconocido que lo abordó en la calle y le ofreció un subsidio de $200.000, para lo cual entregó su cédula de ciudadanía y abrió una cuenta bancaria. Posteriormente, esta persona se enteró en su EPS que estaba afiliado al Magisterio, pese a no ser docente”.
Sobre este caso en particular la investigación al interior de la Secretaría de Educación de Córdoba permitió establecer que “en la cuenta bancaria que esta persona creó al ser engañada, se le hicieron varios pagos, entre ellos, sueldo de vacaciones, prima de Navidad, prima de vacaciones docentes y sueldo básico. Estos recursos públicos llegaron a manos inescrupulosas entre octubre de 2023 y abril de 2024. Se presume, que una o varias personas indeterminadas, con el documento de identidad y la cuenta bancaria de las víctimas, registran a las personas en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, haciéndolas pasar como docentes que cubren vacantes temporales”.
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“Siguiendo nuestra línea de transparencia desde la Gobernación y en la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación, teniendo en cuenta los hechos descritos, se solicitó iniciar indagación preliminar por la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación y fraude procesal y/o los demás que se lleguen a establecer en la investigación”, indicó la Gobernación de Córdoba.
