Este miércoles la Contraloría General de la República (CGR) informó que la Secretaría de Salud de Córdoba habría pagado nuevamente por supuestos pacientes de hemofilia $1.525 millones de la vigencia 2016 'sin el cumplimiento de los requisitos para la aprobación de recobros, y sin que mediara justificación médica que soportara los pagos', según señala el organismo de control fiscal.
La CGR menciona en un comunicado de prensa como antecedente el ‘Cartel de la Hemofilia’ 'que desencadenó las investigaciones contra el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus'.
Hoy el gobernador es Edwin Besaile, quien justamente este miércoles cumple 46 años. Fue electo por el Partido de la U, es nacido en Sahagún (Córdoba) y es hermano del senador Musa Besaile.
El organismo de control estableció que el 16 de mayo de 2016 la Gobernación de Córdoba pagó los $1.525 millones por 14 casos de personas que habrían sido diagnosticadas con hemofilia (o enfermedad de Von Willebrand) 'ocasionando un presunto menoscabo al patrimonio público'.
Sin embargo, dice el organismo, no se encontraron soportes, documentos o actas del Comité Técnico Científico, ni historias clínicas en las EPS tratantes, ni ningún otro documento equivalente que justificara la realización de los pagos a la mencionada IPS.
La beneficiaria de estos pagos fue la IPS San José de la Sabana S.A.S., que ya había sido vinculada previamente al denominado ‘Cartel de la hemofilia’ durante la administración del exgobernador Lyons.
La resolución 008 del 16 de mayo de 2016, a través de la cual se autorizó el pago de $1.525 millones a la IPS San José de la Sabana S.A.S. fue suscrita por el entonces secretario departamental de Salud de Córdoba, y con base en la misma se expidió la Orden de Pago No. 3306 del mismo mes.
Los supuestos beneficiarios de los medicamentos y tratamientos ni siquiera se encontraban registrados como pacientes de tales enfermedades en las EPS, por lo que no existía fundamento alguno que justificara la autorización de los pagos efectuados por la Secretaría Departamental de Salud.
De hecho, algunos de los supuestos pacientes por los que la Gobernación pagó, al ser entrevistados por los auditores de la CGR, manifestaron no sólo que nunca han sido diagnosticados con hemofilia, sino que tampoco han sido sometidos a exámenes de laboratorio para verificar la presencia de la enfermedad.
Dentro de la documentación soporte de los pagos, se encuentran supuestas admisiones de los pacientes, así como documentos de consulta externa y formatos de justificación de medicamentos, suscritos por un médico internista hematólogo.
Sin embargo, cuestionado el médico firmante sobre los hechos evidenciados por el equipo auditor de la Contraloría, éste afirmó que nunca ha prestado servicios ni ha tenido vínculo alguno con la IPS San José de la Sabana S.A.S.
Adicionalmente, la documentación de 12 de los 14 pacientes por los que pagó la Gobernación, incluyen supuestos resultados de exámenes de laboratorio, que corresponderían, entre otros, a Pasteur Laboratorios Clínicos de Colombia S.A.
Sin embargo, según certificación aportada por el laboratorio a la Contraloría General de la República en el mes de mayo de 2016, dichos documentos no fueron expedidos por el laboratorio, ni corresponden a los registros efectuados por el mismo.
Dentro de la documentación soporte de los pagos, se encuentran supuestas admisiones de los pacientes, así como documentos de consulta externa y formatos de justificación de medicamentos, suscritos por un médico internista hematólogo.
Sin embargo, cuestionado el médico firmante sobre los hechos evidenciados por el equipo auditor de la Contraloría, éste afirmó que nunca ha prestado servicios ni ha tenido vínculo alguno con la IPS San José de la Sabana S.A.S.
Ante la gravedad de los hechos evidenciados el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, puso los mismos en conocimiento tanto del procurador general, Fernando Carrillo, como del fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
La Contraloría evidenció estos nuevos hallazgos en Córdoba al culminar la Auditoría que adelantó a la Gobernación del departamento, por el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones – SGP, vigencia 2016.
