Unos 3.000 indígenas y cerca de una centena de personas de la comunidad afro en el San Jorge son los directamente beneficiados con el fallo en el que la Corte Constitucional ratifica un cúmulo de presuntas irregularidades de Cerro Matoso en la exploración a cielo abierto de ferroníquel en el subsuelo cordobés, específicamente en Montelíbano.
Así lo expresó el abogado Abelardo De la Espriella, director de la firma De La Espriella Lawyers Enterprise, que defendió los intereses de las comunidades que habitan en las poblaciones de Torno Rojo, Bocas de Uré, Puerto Colombia, Puerto Flecha, Guacarí, Centro América y Puente Uré, todas en el área de influencia de la mina donde se extrae el producto desde 1982.
'Con el fallo de la Corte se benefician cerca de 3 mil indígenas y más de 100 miembros de la comunidad afro que tiene presencia en esa zona de Córdoba, este es, sin duda, un fallo histórico por múltiples razones, primero porque se protege los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la reparación de los daños de una minoría vulnerable de la sociedad', precisó De La Espriella.
De acuerdo con la defensa de las comunidades, la reparación sería de unos 300 millones de dólares, lo que se constituye como la sanción pecuniaria más costosa en la historia jurídica de Colombia.
Cerro Matoso ha informado a través de un comunicado que no ha sido notificada del fallo de la Corte Constitucional y que una vez eso ocurra hará el pronunciamiento que a bien se requiera.
'Con relación a las acciones de tutela presentadas por las comunidades vecinas a la operación de Cerro Matoso la compañía se permite informar que a la fecha no ha sido notificada de ningún fallo al respecto por parte del alto tribunal', señala la empresa.
Agrega la multinacional que una vez sea notificada evaluará la decisión y hará los pronunciamientos pertinentes, tras agregar que es una empresa respetuosa de las autoridades colombianas y de sus decisiones.
'Cerro Matoso se ha caracterizado por ser una empresa que va más allá del deber, invirtiendo en el área de influencia directa a la operación por encima del valor comprometido con el Estado', sostiene la niquelera.
De acuerdo con la sentencia la explotación que ha hecho Cerro Matoso ha causado graves problemas de salud en las comunidades aledañas, principalmente de tipo dermatológico, incluso, en algunos casos cáncer.
La comunidad
En la zona de influencia de Cerro Matoso las comunidades han manifestado su satisfacción tras una querella vía tutela que data de cuatro años.
Rosario Rivera de Pérez, esposa de Teodoro Pérez, ex trabajador fallecido de la mina de Cerro Matoso, celebra el fallo, aunque ya no tenga a su compañero sentimental.
'Obviamente con mi esposo no se puede hacer nada porque ya falleció'.
Aunque no existe un dictamen que lo haya comprobado, la familia de Teodoro cree que su salud se deterioró rápidamente por los presuntos efectos contaminantes a los que estuvo expuesto por cerca de tres décadas. Por su parte, Roquelina Benavides Acuña, extrabajadora de Matoso y quien salió pensionada hace 4 años, dice: 'Me diagnosticaron una enfermedad pulmonar llamada carcoidosis, me afectó las vías respiratorias, los ojos y sufrí de inflamación en la piel', precisó.
