Desde 2005, cuando surgió la Ley 975 de Verdad, Justicia y Reparación, empezó a hablarse en la región y el país de la reparación colectiva de la que sería objeto la Universidad de Córdoba por la toma a sangre y fuego de las Autodefensas que comandó el extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso, alias Triple Cero, Santander Lozada o el Mono Mancuso.
Esta es la fachada de la que fue la casa de Mancuso, actualmente cedida a la Unicórdoba.
Ya son 11 años de expectativa esperando que se materialicen las medidas de resarcimiento, por la ruta de lo colectivo y no de lo individual, tiempo mucho mayor al que tardó la toma de los paramilitares: del 2000 al 2008, según lo definió el Comité de Impulso a la Reparación Colectiva.
Por orden del paramilitarismo fueron asesinados Francisco Aguilar Madera, José Alberto Alzate Patiño, Hugo Iguarán Cote, profesor de Agronomía, y sus colegas James Antonio Pérez Chimá y Misael Arsenio Díaz Ursula, todos vinculados a Unicórdoba.
También los estudiantes Francisco José Ayazo Gómez, cuyo crimen ocurrió el 5 de enero de 2000; Esteban Manotas Olascoaga, estudiante de décimo semestre de Ciencias Sociales asesinado el 18 de marzo de 2000; Sheyla María Olascoaga Quintero, Nelson Narváez Romero y Merly María De la Ossa, quien tenía cinco meses de embarazo, asesinada el 22 de mayo del mismo año.
NADA TANGIBLE
Todos esos crímenes fueron confesados por Mancuso en audiencias de versión libre.
El rector de la institución, Jairo Torres Oviedo, advierte tajantemente: 'La reparación institucional se truncó porque no tenemos un escenario claro de lo que eso significa'.
'Hemos planteado –agrega– que ese camino hay que enderezarlo, hay que solicitarlo así al Gobierno central. Lo que se ha construido no tiene ningún enfoque de reparación institucional, eso hay que hablarlo con sinceridad'.
El ‘avance’ de la reparación, definida como 'modelo piloto' en el país, está representado solo en la instalación de cinco mesas de trabajo: la de asuntos laborales, fortalecimiento institucional, mesa de educación, de garantía de no repetición, y la de memoria histórica y dignificación de víctimas.
El rector Torres Oviedo indica que lo que se ha trabajado en cada una de ellas son reivindicaciones gremiales, 'de instituciones que vieron que muchos de sus derechos fueron vulnerados y que pensaban que se les repararía, por eso hoy como reparación institucional tangiblemente no podemos mostrar nada'.
Para él una reparación tangible sería decirle a la sociedad que el Estado incrementó el presupuesto, que se incrementó, en al menos, 5.000 cupos la cobertura estudiantil o que se construyó un nuevo bloque de aulas.
'La reparación institucional es algo que la universidad reciba del Estado y que beneficie no solo a los miembros de la institución, sino a la sociedad. Eso es lo que no hemos podido mostrar', cuestiona.
Advierte que también en la reparación debe superarse el estigma de los ‘paras’ en la institución.
'Hay dos vías: o seguimos viviendo en el pasado, señalándonos unos con otros, o esta sociedad es capaz de reconciliarse en términos de decir que la historia y el pasado son la memoria, son los límites de las acciones humanas como lo que no se puede hacer, y considerar una sociedad más incluyente, en la que quepamos todos', indica Torres.
PROCESO COMPLEJO
Serafín Velásquez Acosta, coordinador del Comité de Impulso del Plan de Reparación en Unicórdoba, admite que el proceso ha sido 'demasiado complejo'.
'Cuando en 2005 se escogió a la Universidad de Córdoba como piloto de reparación lo que se trató de hacer fue prácticamente un experimento, puesto que, como ente académico, era necesario botar corriente conceptual sobre reparación colectiva. En eso duramos casi 3 años y hubo mucha divergencia porque en el común la gente buscaba la reparación individual', cuenta Velázquez.
Los estamentos de la Unicórdoba coinciden en que es necesario borrar el estigma que tiene la institución por haber sido víctima de los paramilitares.
Acepta que desde 2005 no ha sido estable el marco jurídico que respalda la reparación, hasta que en 2011 se creó la Unidad de Atención Integral a las Víctimas, que retomó el trabajo que había hecho la Comisión Nacional de Reparación, con la institución como piloto.
'Lo primero que había que hacer era que la universidad aprobara el plan de reparación, pero existían aún rezagos del paramilitarismo y hubo dificultades. Fue una lucha interna para que el Consejo Superior lo aprobara, hasta que se logró', revela.
‘PARAS’ SIGUIERON MANDANDO
Efectivamente, en febrero de 2013 el Consejo Superior aprobó ese paso, lo que derivó en que el 10 de abril de ese mismo año se hiciera el lanzamiento especial del Plan de Reparación Colectiva (PRC), con la presencia de funcionarios del Gobierno nacional.
'A partir de allí debía terminarse el proceso en un año, pero no se ha podido. Ha habido prórrogas', asevera.
Casi que como lo anotó el rector, Velázquez advierte que los estamentos tardaron dos años en las mesas de trabajo, 'generando frustración en las organizaciones internas; para colmo la Rectoría de ese entonces no se comprometía, además de existir enemigos internos'.
'Se avanza a empujones, porque la verdadera reparación como restablecer los derechos violentados a los pensionados y trabajadores ha sido prácticamente nula. Quien le ha dado el impulso final fue el actual rector, tras instrucciones precisas del Gobierno', explica el coordinador del Comité de Impulso de Reparación.
Para Serafín Velázquez la preocupación que estaría haciendo curso en la mente de los cordobeses y colombianos es '¿si un piloto de reparación escogido por el Gobierno, por ser una institución académica, está fracasando, qué se puede esperar entonces en el ámbito nacional, en la eventual firma de la paz?'.
DAÑOS DE LAS AUC
De acuerdo con el diagnóstico cronológico del Comité de Reparación, además de la veintena de homicidios la Unicórdoba sufrió afectaciones colectivas como las amenazas de grupos paramilitares, con 'omisión evidente de protección y apoyo de las autoridades gubernamentales'; supresión de espacios democráticos que garantizaran el trámite transparente de las reivindicaciones; incumplimiento de compromisos y obligaciones derivadas de las convenciones y pactos colectivos a trabajadores y pensionados.
Se refiere el Comité, además, a la modificación de estatutos y reglamentos de la universidad de conformidad con las agendas trazadas por las Autodefensas en el marco de las reuniones realizadas en Santa Fe Ralito, que fue la sede y campo de entrenamiento de ese grupo armado ilegal, y a la falta de legitimidad de las directivas de la universidad.
Esa descripción coincide con la designación de Víctor Hugo Hernández, en 2001, como rector, por presión que ejercieron los paramilitares contra el Consejo Superior y del remplazo de este, Claudio Sánchez, también cuota de Mancuso después de una reunión en Ralito a la que fueron convocados los consejeros.
'SÍ HAY AVANCES'
Ante los cuestionamientos, Luisa Margarita Gil Olaya, coordinadora en el Caribe de la Unidad de Reparación de Víctimas, advierte que el proceso de la Universidad de Córdoba tiene un nivel de implementación del 75% y considera que 'es un avance importante'.
Reconoce que hay un retraso en la mesa de asuntos laborales en lo que tiene que ver con la revisión de decisiones administrativas que vincularon a personal docente y trabajadores en la época de la toma paramilitar.
'Hemos avanzado con ministerios, sindicatos y con la nueva rectoría con el fin de encontrar una salida efectiva, que logre reparar esos daños causados en virtud de las reformas administrativas de la universidad', sostiene.
Opina Gil que el de la Unicórdoba es un 'caso emblemático' para la Unidad de Víctimas y es, además, la oportunidad para 'recuperar la universalidad de la universidad'.
Dice que en 2017 debe concretarse la construcción del Centro de Altos Estudios para la Paz, que será la medida de reparación por excelencia y que se ha retrasado por estudios y diseños.
'Ello contribuirá además a generar conocimiento, saber y política pública en materia de construcción de paz y posconflicto', precisa.
Como muestra tangible de la reparación menciona la entrega, desde mediados de 2015, de la casa de Mancuso, barrio la Castellana, donde funciona un centro de idiomas y debe convertirse en un lugar para la 'construcción de memoria'.
