Las autoridades de Japón decidieron hoy permitir el acceso de público a los estadios de los Juegos Olímpicos de Tokio, una medida que va contra las recomendaciones de expertos médicos y a la que se dará marcha atrás si hay repunte de contagios.
La esperada decisión fue anunciada este lunes por los organizadores de las justas tras una reunión con el Ejecutivo nipón, el Gobierno regional de la capital y los responsables de los Comités Olímpicos y Paralímpico internacionales, y después de someterla a consultas con especialistas sanitarios.
El anuncio llega el mismo día en el que se levanta el estado de emergencia sanitaria por coronavirus en Tokio y otras regiones del país, aunque se mantienen ciertas restricciones para prevenir contagios que afectan sobre todo a bares y restaurantes, todo cuando queda poco más de un mes para la cita deportiva.
Juegos marcados por las restricciones
Las sedes de las competiciones olímpicas podrán contar con hasta el 50 % de sus gradas llenas, siempre y cuando el número de espectadores no supere las 10.000 personas, según la decisión anunciada por las autoridades.
La presencia limitada de público en las gradas de Tokio 2020 es la última de las decisiones que faltaban dentro del amplio elenco de medidas anticovid que se aplicarán durante las competencias, cuya inauguración está prevista para el próximo 23 de julio.
Los anfitriones decidieron previamente vetar la entrada de visitantes llegados desde el extranjero durante los Juegos, en el marco de las férreas restricciones fronterizas que aplica Japón desde hace meses con motivo de la pandemia.
Los Juegos se celebrarán en un formato ‘burbuja’ que obliga a atletas y a otros participantes extranjeros a cumplir estrictos protocolos de testeo, restricción de movimientos y medidas preventivas de contagios como el uso de mascarilla, además de la recomendación de vacunarse antes de viajar al país asiático. Los deportistas, representantes de comités y federaciones o periodistas que incumplan estas reglas afrontarán sanciones que podrían llegar a la expulsión del país, en el caso de las infracciones más graves.
