El ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, optó por medidas de intervención luego de que el Consejo Nacional del Arroz no llegara a ningún acuerdo sobre el establecimiento de una franja de precios para la compra del cereal a los productores por parte de los molinos.
En total, son cinco las políticas que propuso la cartera para evitar las grandes fluctuaciones que tienen los valores con los cuales se negocia en el mercado.
La primera promueve la fijación de un precio mínimo debido a que la política de control que se aplicó el año pasado vence el próximo 31 de marzo.
Esta intervención, que quedará en firme hoy con la expedición de una resolución con vigencia de un año, contempla una rango de compras que varía entre $840.000 y $976.000 por tonelada, según la región.
'Esperábamos llegar a un acuerdo, pero no se logró; los molineros dijeron que debido a la cantidad de arroz en inventarios (más de 500.000 toneladas) no tenían la capacidad de determinar el precio y dejaron en manos del Ministerio y los agricultores decidir por una estabilidad para estos últimos', explicó Lizarralde.
Además, dijo que la medida se da pensando en los precios 'más competitivos' del cereal en países como Ecuador, Perú o Estados Unidos 'en relación con los nuestros'.
El titular de la cartera dejó claro que está dispuesto a acompañar a los agricultores e industriales si deciden sentarse a discutir estas medidas siempre que le apunten a la competitividad.
Sobre la posibilidad de que algunos actores de la cadena no se sujeten a los precios establecidos, dijo que se remitirán las quejas correspondientes a la Superintendencia de Industria y Comercio para la respectiva investigación.
Aunque LR intentó contactar a los molinos, ninguno quiso referirse al tema hasta no acordar una posición generalizada. Y es que en otras ocasiones se ha advertido sobre los altos precios del arroz que pagan los consumidores (63% más alto que en Ecuador y Perú, según Fedesarrollo).
El analista y experto en agricultura Guillermo Trujillo cuestionó que primen los intereses de 13.500 productores frente a 45 millones de compradores. 'El objeto de un sistema económico tiene que ser proveer bienes y servicios al menor precio posible a una sociedad. Esto atenta contra la economía de mercado', dijo.
Por su parte, el investigador de Fedesarrollo Juan José Perfetti lamentó que se continúe con políticas de protección a estos sectores de manera que casi se vuelva al modelo de precio de sustentación. 'Estos instrumentos no hacen parte de una política moderna que responda a lo que implican los TLC', dijo en relación a la ausencia de programas de reconversión, mejoramiento de tecnología, investigación, mayor eficiencia productiva, competitividad y comercialización.
También atribuyó la volatilidad del mercado al contrabando que le compite de manera desleal a la producción nacional, un problema que 'el país no ha sido capaz de manejar'.
En contraste, el exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo destacó que en su administración se propició el primero de los acuerdos entre molineros y arroceros para establecer unas franjas y lo calificó como un 'avance inmenso'.
Sobre la decisión del Gobierno, Restrepo ve con buenos ojos que se entre a fijar el precio base, 'siempre y cuando se haga cumplir', aunque dijo que de una concertación entre las partes depende el éxito de la medida.
Proyectos del Pacto Agrario
El Ministerio presentó los lineamientos bajo los que los productores podrán acceder a recursos para invertir en proyectos de desarrollo promovidos por el Pacto Agrario. La política está orientada en dos frentes: generación de nuevos lineamientos y del apoyo a proyectos que mejoren la competitividad. Los recursos dispuestos para este fin ascienden a $1 billón y están dirigidos a seis líneas de proyectos: los municipales, cuyo valor se financiará hasta en 70%, con un tope de $246 millones; los departamentales, también financiados hasta en 70%, con un tope de $2.460 millones.
