El juzgado décimo civil del circuito de Barranquilla concedió las medidas cautelares solicitadas por Sintrametal –seccional Barranquilla, en una demanda que esta organización presentó dentro de un proceso relacionado con el cierre de la empresa Aluminio Reynolds, que afectó a cerca de 400 trabajadores.
En consecuencia, el juzgado ordenó 'inscribir la demanda' de simulación, es decir decretó el embargo, de dos lotes que Sintrametal afirma sacaron de los activos de Aluminio Reynolds a través de unos 'aportes en especie' que se hicieron a la sociedad Armarcas para 'descapitalizar la empresa'.
José Arteta Tejera, presidente seccional de Sintrametal, explicó que Aluminio Reynolds fue 'vendida por el grupo Valoren' a la empresa Arfel, propiedad de otras compañías como Alumina y EMMA.
Posteriormente, dijo Arteta, los dueños de Arfel crearon, el 15 de septiembre de 2008, Armarcas con un capital de $2 millones y domicilio en Itagüí, Antioquia.
El 24 de diciembre de ese mismo año 'decidieron capitalizar Armarcas'. Junto con Aluminio Reynolds, mediante la escritura 3.537 de la Notaría Séptima de Medellín, protocolizaron un acto de 'aporte en especie y compraventa'.
Por un lado, dijo Arteta, Aluminio Reynolds le 'transfirió a título de aporte en especie' a Armarcas la propiedad de 2 lotes en la Vía 40 de Barranquilla y recibió a cambio $19 millones en acciones. Y en esa misma escritura se protocolizó una compra-venta de los mismos 2 lotes por $28.500 millones con Lasing Bancolombia.
Estas propiedades fueron vendidos después a Bancolombia por $32.785 millones.
El presidente de Sintrametal detalló que en 2009 Armarcas fue liquidada y solo quedaron $104 millones. 'Nos preguntamos, qué pasó con los restantes $28.396 millones. No sabemos dónde están. Es lo que estamos reclamando'.
El dirigente sindical dijo que está probado que si la intención era liquidar Aluminio Reynolds, lo que valían los dos lotes –incluso con un precio mayor en el mercado inmobiliario– 'era suficiente para pagarles a los trabajadores que hoy se encuentran en la calle'.
'Ante esta situación ilegal presentamos la demanda por simulación, como lo tipifican las normas legales', indicó el dirigente obrero.
Las medidas cautelares solicitadas –entre ellas el embargo preventivo de los dos bienes inmuebles– en la demanda contra las mencionadas empresas y entidades financieras tiene como objeto 'salvaguardar los derechos' de los trabajadores de Aluminio Reynolds a quienes les deben cerca de $10.000 millones en prestaciones e indemnizaciones, dijo José Artera.
Queja ante Congreso de Estados Unidos
Un episodio que se desconocía sobre la problemática social y laboral planteada por el cierre de Aluminio Reynolds tiene que ver con la queja que fue presentada ante dos congresistas de EEUU, en octubre de 2013 en Bogotá. Como miembros de la Comisión de seguimiento al plan de acción laboral del Congreso estadounidense, los representantes James McGovern y George Miller fueron enterados por parte de Sintrametal, en un detallado documento de cinco páginas, de lo que sucedió con el cierre de la empresa barranquillera, el proceso con los dos terrenos y la situación en que quedaron los trabajadores.
