Desde el punto de vista económico, la violencia contra la mujer en Colombia impacta de forma negativa en los ingresos, la participación laboral, la salud y la educación de las afectadas. Según un estudio presentado en 2008, financiado por el Fonade, sobre los costos sociales y económicos de la violencia intrafamiliar, este fenómeno le puede costar al país el 4% del PIB nacional por año.
La cifra es entendible si se tiene en cuenta que el 37,4% de las colombianas que han convivido con un hombre han sido agredidas físicamente por este; el 39,2% de estas mujeres considera que su productividad disminuyó por este motivo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que las pérdidas laborales causadas por el estrés y la violencia, representan entre el 1% y el 3,5% del PIB.
Según Yuri Reina, egresada de la Maestría en Economía de Uninorte, el efecto de la violencia de género sobre el desempeño económico del país puede observarse a través de la salud. 'Algunas estimaciones muestran que para las mujeres víctimas de algún tipo de violencia de pareja como agresión verbal, física o sexual, aumenta la probabilidad de percibir mal estado de salud, lo cual se refleja en menor productividad laboral', dice.
Además de los costos en la mujer, los niños que presencian situaciones de violencia tienen perturbaciones emocionales y de comportamiento similares a las de niños que son maltratados físicamente: bajo desempeño académico y mayor propensión a ser violentos en su adultez. La violencia doméstica erosiona el capital social y perpetua los ciclos de pobreza e intolerancia.
De modo que esta problemática social, además de los costos directos que representa por los servicios de salud y los daños emocionales que causa en niños y mujeres, también genera unos efectos multiplicadores económicos relacionados con los impactos macroeconómicos en el mercado laboral y en la productividad intergeneracional.
Violencia y pobreza. Aunque el estudio del Fonade señala que las familias más perjudicadas por este tipo de violencia son las de estratos 1 y 2, Gina Cárdenas, investigadora del IEEC de Uninorte, considera que el nivel socioeconómico no es un determinante significativo de la probabilidad de ser víctima de violencia física.
'Este puede influir más bien en el tipo de violencia que se experimenta, mas no en la probabilidad de sufrirla. Por ejemplo, los estratos medios y altos tienden a mostrar mayores índices de violencia psicológica, mientras que los bajos tienden hacia violencia física y sexual', dice.
Puesto que esta última modalidad es la que deja secuelas más visibles tiende a ser la que se denuncia ante medicina legal, por lo que una interpretación obvia evidenciaría una relación entre la pobreza y mayor riesgo de que se presente violencia contra la mujer.
Sin embargo, según los resultados de la ENDS 2010, el 73% de las mujeres maltratadas físicamente no denuncia (la cifra es mayor para violencia psicológica). 'Las estadísticas comúnmente empleadas por los medios de comunicación y estudios de caso con los datos de medicina legal están supremamente subvaloradas, llevando a resultados y recomendaciones de política incorrectas', agrega Cárdenas.
El uso de estas estadísticas para mostrar el incremento en los índices de violencia de género puede estar sesgado, en la medida que no diferencia si la mayor visibilidad se debe a mayor violencia de género o al incremento de denuncias por esta causa.
Stybaliz Castellanos, secretaria de la Mujer del Atlántico, dice que la violencia de género en el país responde básicamente a la asignación de los roles del ser femenino y masculino. 'Esto ha condicionado conductas para hombres y mujeres y ha provocado que en la historia se justifiquen algunas acciones violentas contra las mujeres, tanto en el espacio público, como en el espacio íntimo del hogar, que en muchas ocasiones ha sido tolerado y percibido como normal'.
Para Cárdenas, las políticas más efectivas para mitigar y eliminar la violencia contra la mujer deben estar focalizadas en romper ese ciclo intergeneracional de la legitimación de la violencia de este tipo. 'Debe ser tomado como una estrategia clave, que muy seguramente tendrá externalidades positivas en políticas orientadas a violencia en otros entornos'.
Para mitigar la violencia
Desde la Secretaría de la Mujer, el Departamento del Atlántico trabaja en estrategias enfocadas a la atención y desarrollo de las mujeres. Una de estas es el Departamento de Protección Integral a las Mujeres (DPIM), con orientación psicológica y jurídica gratuita para que conozcan la ruta institucional de atención y protección de sus derechos. Asimismo, el programa Transfórmate Tú Mujer, que busca generar autonomía económica y empoderamiento en 12 mil mujeres durante el cuatrenio 2012-2015, les entrega 'información que impulsa la conformación de micronegocios asociativos y conocimiento de cómo realizar planes de inversiones, presupuestos, finanzas y demás información necesaria para que los negocios y las actividades productivas de las mujeres sean innovadoras y sostenibles económicamente', señala Castellanos. Para el cumplimiento de estos programas se invierten 4 mil millones de pesos.
