Poco después de la entrada en vigor del nuevo sistema de pensiones en Colombia, la OCDE publicó un informe donde despliega una serie de recomendaciones sobre el modelo. Si bien el documento hace un recuento de los cambios que requiere el sistema para establecerse bajo los principios de países más desarrollados, también ha sido claro en señalar los principales obstáculos que enfrenta el actual régimen.
Según este organismo internacional el país debe abordar dos puntos clave. Por un lado está la preocupación por el cambio demográfico y los adultos mayores que llegan a la vejez sin pensionarse; por el otro lado, la poca cobertura del sistema por la alta informalidad laboral.
Envejecimiento de la población
Colombia vive actualmente un proceso de transición demográfica plena, en el cual ha influido el descenso en la mortalidad, la paulatina disminución de la fecundidad, así como las migraciones. La población mayor de 60 años crece a un ritmo superior al 3%.
Este envejecimiento genera presiones en el sistema pensional que cuestionan la inseguridad de los ingresos de las personas de la tercera edad. Hoy los adultos mayores que reciben pensión no llegan al 30%, y los subsidios que otorga el estado solo cubren otro 10%.
A 2020, cuando la población joven se iguale a la mayor de 60 años, no solo habrá más adultos jubilados que cobren durante un período más largo, sino que la escasa predisposición a acogerse a un sistema de pensiones dejaría a muchos ancianos sin ningún ingreso disponible.
'La inversión de la pirámide poblacional genera un desequilibrio que junto con los factores estructurales afectan la sostenibilidad del sistema', menciona Iván Jaramillo, doctor en Derecho del Trabajo y especialista en Problemas del Trabajo y Relaciones Laborales.
Sin embargo, Jairo Parada, docente de Economía de Uninorte, aclara que aunque el aumento de la proporción de ancianos puede generar un mayor gasto, esto solo afecta en un mediano plazo. 'Si se observa la curva del gasto pensional en Colombia, esta tiene picos pero también hay descensos demográficos que apuntan a un decrecimiento de dicho gasto'.
Aunque habrá años en que se necesite hacer un mayor gasto, estos cederán y finalmente el país llegará a un crecimiento estacionario. 'Ahora el principal problema no es que van a haber más personas en jubilación, sino más personas que no están formalizadas', enfatiza Parada.
Informalidad y baja cobertura
De acuerdo con la OCDE, la escasa cobertura del sistema pensional colombiano refleja la elevada informalidad. Los planes de pensiones se basan en el funcionamiento de los mercados de trabajo formales y la amplia economía informal evade las contribuciones obligatorias. Así que la decisión de contribuir al sistema de pensiones corresponde en gran medida a los individuos.
Jaramillo comenta que la alta tasa de informalidad en Colombia dificulta también la permanencia en el sistema y los trabajadores informales no alcanzan a cumplir los requisitos de tiempo y monto. 'Solo el 30% de los trabajadores se encuentran afiliados al Sistema Integral de Seguridad Social en pensiones, de los cuales el 90% no logra pensionarse', dice.
Para el caso colombiano, cerca del 46% de los trabajadores no paga contribuciones, y de los 17 millones de afiliados al sistema tan solo 7 millones cotizan activamente. La mayoría reporta tener ingresos muy bajos: el 60% de los afiliados contribuye en un ingreso igual al salario mínimo, y 20% lo hace con un ingreso de entre una y dos veces el mínimo.
De acuerdo con Parada, este es el principal frente que debe atacar el estado. 'Aun no se ha entendido que el problema no se resuelve por el lado pensional sino por el lado del empleo. En la medida que los volúmenes en el agregado macroeconómico de empleo formal crezcan, se va a tener más personas cotizando'.
Los que no acceden a pensión
Un crecimiento de la población adulta sin pensiones fundamenta la necesidad y viabilidad de generar un sistema de transferencias monetarias con el fin de evitar que incidan posteriormente en los índices de desigualdad y pobreza.
Aunque el costo es alto, el país mantiene dos programas de transferencias: 'Colombia mayor', por el cual se otorgan subsidios a los ancianos catalogados en niveles 1 y 2 del Sisben; y el de Beneficio Económicos Periódicos (BEPs), para subsidiar a la población afiliada al sistema pero que aún tiene pendiente semanas por cotizar. Juntos comprometen el 2% del PIB por año y beneficia a cerca de 2 millones de ancianos.
Para la OCDE esto constituye un avance positivo. 'En Colombia se han empezado a crear programas aun marginales', dice Parada y sugiere que el país debe llegar a un punto en que el estado pueda aportar una 'pensión mínima vital' a los adultos mayores que no han podido acceder al sistema.
Jaramillo recalca que a pesar del gran sentido socioeconómico, las políticas deben manejarse con cuidado. Los beneficios podrían tornarse en consecuencias sobre las pautas de retiro y estimular el sector informal. 'Las políticas de asistencia social derivan en el efecto perverso de estimular la informalidad y el manejo político de los recursos del sistema', señala.
