El Golfo de Venezuela ha formado parte del territorio venezolano desde hace más de cuatro siglos; actualmente el 91% pertenece a sus aguas territoriales. Sin embargo, una pequeña pero considerable porción rodea las costas de La Guajira colombiana. La semana pasada, los límites entre ambas naciones en esta zona han desatado una disputa, que no es nueva y que hasta el momento solo transita por los caminos de la diplomacia.
Los orígenes de este pleito limítrofe vienen desde la separación de la Gran Colombia, en 1830, cuando se hizo una mala delimitación. Periódicamente, Venezuela ha intentado ejercer control sobre la zona, pero nunca lo había hecho a través de la creación de una zona militar.
Intereses económicos. La zona marítima del Golfo de Venezuela sirve de enlace entre el Mar Caribe y el Lago de Maracaibo, donde hay grandes reversas de petróleo y gas natural. Hipotéticamente se cree que al ser punto de conexión, el golfo representa una zona con vastos yacimientos de petróleo y gas. De ahí el interés del gobierno venezolano.
Estimaciones de medios venezolanos calculan incluso que en los 44.000 kilómetros de frontera que Venezuela comparte con Colombia en el Golfo, existe 1,8 veces más petróleo que en las reservas venezolanas en tierra firme. Es decir, que en la zona disputada existen reservas de 500.000 millones de barriles de petróleo; más de los 280.000 millones de la Faja del Orinoco.
Desde 2011, Venezuela inició exploraciones en gran parte del Golfo, donde encontró un pozo con más de 15 trillones de pies cúbicos (TFC) de gas. Además, el gobierno ya ha suscrito acuerdos internacionales para la explotación de este recurso y de hidrocarburos líquidos condensados, que se contemplan para el 2019. A diferencia del país vecino, hasta el momento Colombia no ha explorado la posibilidad de tener reservas petroleras en la zona.
Para Luis Trejos, docente de Uninorte, a diferencia del caso San Andrés, que mantenía una actividad económica mayormente basada en la pesca y la obtención de recursos marítimos, el departamento de La Guajira depende primariamente del comercio.
Con el fallo de la Haya sobre los límites con Nicaragua, la pérdida de mar ascendió a 160.000 kilómetros cuadrados; más de 1.123 pescadores artesanales se quedaron sin su sustento de alimentos y comercio.
La pérdida también representó unos $12.000 millones tan solo en la pesca de langostas, la especie de mayor captura por los pescadores artesanales a la industria.
'Ahora mismo Colombia está centrada en la gran apuesta que es el proceso de Paz, y aunque se le ha dado prioridad a la resolución del tema, económicamente no es un punto esencial', comentó Trejos.
Relaciones comerciales. Independientemente de la existencia de petróleo o no en la zona, los diferendos entre ambos países en los últimos años han traído consecuencias perjudiciales para el comercio fronterizo, especialmente por temas de movilidad y cierre de fronteras.
El comercio con Venezuela ha ido disminuyendo. El año pasado las exportaciones colombianas sumaron menos de los US$2.000 millones, y en lo corrido del año, debido a la situación económica de Venezuela, se presentó una disminución de 36,3% respecto al mismo periodo de 2014.
'El debilitamiento de las relaciones dependerá de la respuesta del país vecino. Hasta el momento la respuesta ha sido bastante política, buscando la negociación', dijo Trejos. Sin embargo, agregó que en la medida en que se generan estos conflictos limítrofes los nacionalismos emergen. Estos pueden ser perjudiciales para el comercio bilateral.
Fronteras marítimas
Más de la mitad de las líneas marítimas en el mundo son actualmente fronteras imaginarias donde los países permanecen sin llegar a acuerdos. Hace poco, Bangladesh llevó a India a los tribunales por una zona rica en petróleo en la Bahía de Bengala; algo parecido a la disputa entre Colombia y Nicaragua. Sin embargo, no todas las disputas mantienen tanta conmoción y provocan emociones nacionalistas como las latinoamericanas. ¿Qué hay detrás de los litigios? Las fronteras marítimas pueden describirse como las herramientas legales para dividir la superficie del agua de la tierra en zonas basadas en la geografía física y política. Normalmente, se establecen mediante convenios internacionales, que definen los límites así como las áreas de los derechos nacionales exclusivos sobre los recursos minerales y biológicos. Los países reclaman 'zonas económicas exclusivas', dentro de las cuales pueden establecer leyes sin entrometerse con el transporte marítimo internacional, incluyendo islas, rocas, la soberanía histórica y los recursos naturales. Este último punto ha sido clave en la mayoría de disputas.