El 31 de marzo el Banco de la República tiene previsto el lanzamiento del billete de mayor denominación en Colombia, por valor de $100.000. La discusión en torno a la emisión de billetes o monedas de mayor denominación se ha centrado en el costo de fabricación y puesta en circulación, los impactos inflacionarios y la facilitación de las transacciones en la economía. Sin embargo, para un país con altos niveles de informalidad como el nuestro este tipo de medidas tiene costos que vale la pena reconocer.
Si bien el papel moneda de mayor denominación permite realizar transacciones de gran valor que hacen más llevadera la operación de las empresas y los hogares, desafortunadamente también facilita las operaciones informales e ilegales que involucran el intercambio de efectivo. En ese sentido, la impresión del billete de $100.000 tendría la desventaja de ir en contravía de los esfuerzos que el país ha adelantado en los últimos años en materia de reducción de la informalidad y lucha contra las actividades ilegales.
Recordemos que la informalidad en nuestra economía es elevada. En Estados Unidos se ha calculado que la economía subterránea puede representar entre 7% y 10% del PIB. En países de la región como Chile puede llegar a 20%. En Colombia, por su parte, las estimaciones del tamaño de la informalidad varían entre 25% y 43% del PIB.
Dada la magnitud del fenómeno, las políticas para reducir la informalidad deben atacar varios frentes. Entre ellos está promover el uso de medios de pago gestionados por el sistema financiero. Estos permiten a las autoridades monitorear con mayor eficiencia las transacciones monetarias y favorecen la prevalencia de relaciones económicas formales.
Es por eso que en la próxima reforma tributaria estructural debería debatirse sobre el uso del papel moneda y otros medios de pago. Si se incentivara el uso del dinero plástico, y por esta vía se avanzara en una reducción sustancial de la informalidad, estimamos que el recaudo tributario podría llegar a incrementarse hasta 4% del PIB. Esta es una cifra muy significativa, cercana al ingreso que requiere el Gobierno Nacional en la próxima década para afrontar las necesidades crecientes de gasto público. Además, un menor uso del papel moneda dificultaría la financiación de las actividades ilegales, lo cual sería benéfico para el país de cara al posconflicto.
Por eso, en la discusión tributaria que se avecina debería evaluarse lo inconveniente que resulta mantener gravámenes que desestimulan el acceso al sistema financiero formal y a los medios de pago fácilmente auditables por la administración tributaria.
Por último, no sobra recordar que un análisis de la Universidad de Harvard y voces reconocidas como Kenneth Rogoff y Larry Summers han propuesto recientemente eliminar el billete de US$100. Igualmente, hace poco Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, sugirió que deje de circular el billete de 500 euros. En estos países parece cada vez más claro que los costos de tener papel moneda de altas denominaciones pueden superar los beneficios. Esto es algo que Colombia debería plantearse a partir de esta semana.
Si se incentivara el uso del dinero plástico, el recaudo podría incrementar hasta 4% del PIB.
José Darío Uribe, gerente del Banco de la República, explicó que la producción de este nuevo billete le costará al país 90 mil millones de pesos, pues tendrá mejores características de seguridad para evitar la falsificación.
(*) economista senior de Investigaciones Económicas de Bancolombia
