El conflicto armado en Colombia ha tenido un alto costo económico y social. No solo por los recursos que se han destinado cada año para la defensa, sino por la productividad que se ha perdido en sectores como el campo, y las vidas que han cobrado los combates y masacres que se han perpetrado.
Solo en materia monetaria, se estima que el Gobierno ha destinado para el sector Defensa unos $131 billones en los últimos cinco años, como parte del Presupuesto General de la Nación (PGN). Cada año, esto representa entre 7% y 8% del PGN y 3,5% del Producto Interno Bruto.
Los porcentajes podrían parecer pequeños frente a los montos totales: en 2016, Defensa y Policía se llevaron unos $29 billones de los $215 billones que conforman el PGN. Sin embargo, la cifra está a la par de la inversión que hace Estados Unidos (3,5% del PIB) y muy por encima de países como Ecuador (2,7%), Chile (2%), Perú (1,4%), Brasil (1,3%) y México (0,7%).
A esto se suma que la inversión en Defensa también es más alta que la hecha en otros sectores que son una apuesta nacional, como el campo, en donde los campesinos y la producción agropecuaria han sido los más afectados con el conflicto. Para 2016, esta cartera contó con poco más de $3 billones. Y lo más preocupante es que para el otro año se está estimando un monto de $1,7 billones.
Rafael Mejía, presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores (SAC), señaló que este recorte no será favorable para el campo, que es uno de los sectores fundamentales en el posconflicto. Y reiteró la importancia de que los recursos que se dejen de destinar en el conflicto se enfoquen en programas sociales, de formación y tecnificación agropecuaria.
El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri coincide en que en el posconflicto, con un campo en paz, están dadas las condiciones para que la agricultura crezca, para que el sector aporte más al PIB nacional y no se realicen recortes en el presupuesto de la cartera.
¿Cómo se distribuyen los recursos?
En los principales renglones del sector, no solo se encuentran los gastos que hace el país para armamento, sostenimiento de los soldados y programas de lucha contra las drogas ilícitas y el crimen organizado. También se incluyen en el PGN el Hospital Militar, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional, la caja de retiro de las Fuerzas Militares y un instituto de casas fiscales del Ejército (ver infografía), entre otros.
Según un estudio de Juliana Castellanos, autora del libro ¿Cuánto nos ha costado la guerra?, solo la dotación de un soldado regular cuesta más de $2 millones. Esta inversión inicial consiste en un fusil Galil, chaleco multipropósito, uniforme camuflado nacional, gorra camuflada patriota, botas de combate vulcanizadas, botas de cuero media caña, juego de parches Fe en la Causa, distintivos de compañía en cordobán, toalla verde, bufanda de lana, camiseta verde, placa de identificación grabada, sleeping térmico, juego de cama sencillo y un morral de campaña, entre otros.
Sobre el impacto económico de la paz, Castellanos asegura que 'no puede cuantificarse aún; no obstante, los esfuerzos de los analistas se encaminan en medir los beneficios sociales para Colombia dadas las esperanzas que tales diálogos generan en un país que lleva a cuestas un conflicto de más de 60 años'.
Violencia en las ciudades
El costo social es difícil de cuantificar, porque se incluyen las pérdidas mortales, los desplazamientos, las pérdidas materiales en materia de vivienda y cultivos, así como las implicaciones emocionales del maltrato y la violencia con personas y familias.
Pero se calcula que el conflicto armado en el país ha dejado en los últimos 50 años 8.190.451 víctimas, según el más reciente balance del Registro Único de Víctima (RUV), el cual hace parte de la Unidad de Reparación del Gobierno Nacional. Esta cifra es casi similar a la cantidad de habitantes que tuvo Colombia hacia 1938, cuando el censo oficial contó 8.697.041 habitantes.
Esto significa el mismo rango si se suman el número de habitantes que tienen Bogotá (7.674.366) y un municipio como Soledad, Atlántico, (582.774).
En el reporte del RUV a corte del primero de septiembre de 2016, en cuanto a hechos violentos, el desplazamiento, con 6.937.205 personas y el homicidio con 978.906 personas, son las situaciones que más víctimas ha dejado el conflicto.
Dejar atrás estas cifras negativas, así como reducir a un mínimo los hechos de violencia, acabar con las llamadas 'zonas rojas' y disminuir los gastos que genera un conflicto armado, son algunas de las metas que, según el Gobierno Nacional, se trazan en el posconflicto.
El punto tres de los acuerdos de La Habana, llamado ‘El Fin del Conflicto’ y que obedece al cese al fuego y de hostilidades: bilateral y definitivo, corresponde a la terminación definitiva de las acciones ofensivas y las hostilidades entre la Fuerza Pública y las Farc.
Según el presidente Juan Manuel Santos, unos 17.500 integrantes de las Farc, entre guerrilleros y colaboradores no armados, se desmovilizarán al final del proceso de paz. El jefe de Estado asegura que Colombia tiene la capacidad para 'absorber una cifra como esa' y recuerda que en el país existen 59.000 desmovilizados de grupos armados integrados en la sociedad y el mercado laboral.
Sin embargo, hay diversas opiniones de analistas y la percepción de la población civil sobre el número de desmovilizados que en realidad se reintegrarán. Algunos, incluso, insisten en que esta violencia se incrementará por el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales y se trasladará a ciudades principales e intermedias.
Para la politóloga y magíster en Gerencia Pública y Gobernanza, Katherine Diartt Pombo, tras la firma de la paz, en el caso de la violencia y riesgo de la seguridad, 'habrá una reacomodación de muchos actores, incluyendo las Bacrim'. En su opinión, estos grupos querrán cubrir zonas que hasta ahora eran dominadas por las Farc.
'Habrá que ver qué incursiones de nuevas violencias se generarán en estos territorios específicos. Esperemos que las Farc logren enviar una orden a todos sus frentes y que sea posible que todos atiendan el mando y de forma común se desmovilicen', expresa Diartt.
La opinión de la politóloga coincide con la de Ariel Ávila, politólogo y líder de la Fundación Paz y Reconciliación, quien citó en una reciente columna para la revista Semana que ya se ve en algunos territorios operados por las Farc, la llegada de otros grupos armados ilegales, u organizaciones criminales. 'En Tumaco, departamento de Nariño, se sabe de la presencia de un nuevo grupo que se auto denomina Nuevo Orden, al parecer ha habido dos reuniones con comunidades muy cerca del casco urbano y han dicho que ellos se quedarán administrando el territorio una vez las Farc salgan del mismo. Además ha habido un aumento de la extorsión que se estaría coordinando desde la cárcel'.
En la publicación, Ávila sostiene que el riesgo de que guerrilleros desmovilizados vuelva a delinquir es bastante bajo. 'Dos datos confirman esto: del total de guerrilleros desmovilizados individualmente en los últimos años, cerca de 7% han reincidido, mientras que para el caso de paramilitares llegó a 22%'.
Amylkar Acosta, director de la Federación Nacional de Departamentos, FND, considera que el hecho de que se haya empezado con el desplazamiento de los guerrilleros de las Farc para las zonas veredales transitorias y para los puntos de concentración, 'permitirá liberar tropas y pie de fuerza del Ejército y la Policía que siempre estuvo en áreas de conflicto'. Por esta razón, argumenta que la violencia en las ciudades se controlará, pues eso va a permitir que uniformados que antes estaban en las áreas rurales se 'enfocarán más al tema de la seguridad ciudadana'.
'Estaremos prevenidos'. Aunque el gobernador del Atlántico dice tener una 'firme expectativa' de que tras el acuerdo de paz no se generará más violencia, asegura que se estará atento a que lo que pueda ocurrir en el tema del orden público. Recuerda que en el Departamento tradicionalmente no ha habido actividad guerrillera, pero insiste en que se mantendrá la prevención.
