Este Jueves Santo, mientras se declaraba la segunda reducción en menos de 48 horas del calado autorizado para el ingreso de buques al canal de acceso al Puerto de Barranquilla y quedara en apenas 8,3 metros sin restricción, los ojos de los principales actores de esta problemática voltearon a mirar a Cormagdalena.
Esta restricción es la más grave, por lo menos, en los últimos 18 meses y ya tuvo su primera consecuencia: se activó el Comité de riesgo del Distrito, tal y como lo señaló a EL HERALDO el gerente de Desarrollo de Barraquilla y alcalde encargado, Jaime Pumarejo.
El funcionario señaló que la Alcaldía 'está trabajando con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, en mesas virtuales con el Ministerio de Transporte, Invías y Cormagdalena', con el propósito de solucionar la situación del canal del acceso.
Sin embargo, la solución seguiría sin estar en todas estas manos. Las llaves de todo el asunto las tendría únicamente Cormagdalena, entidad que tiene entre sus razones de existir 'la recuperación de la navegación y de la actividad portuaria', según el artículo segundo de la Ley 161 de 1994, y cuyo director, Luis Fernando Andrade –también director de la ANI- lleva siete meses nombrado interinamente en el cargo.
La solución inmediata y urgente, contratar el dragado del canal no será posible aún. Ello porque Cormagdalena debe primero deshacer el entuerto de Navelena, operadora de la Alianza Público Privada para recuperar la navegabilidad el río Magdalena
Dicha sociedad cayó en desgracia junto con su principal accionista, la multinacional brasileña Odebrecht, a lo que se le sumó el escándalo del otorgamiento de un préstamo sin mayores contraprestaciones por parte del Banco agrario.
Hoy Navelena literalmente hace agua, pues no logró el cierre financiero de su operación –sus posibles socios capitalistas se retiraron tras los escándalos- y afronta la caducidad de su contrato, en proceso ante Cormagdalena.
Sin embargo, mientras esto se da, no ha sido jurídicamente viable la declaración de la calamidad pública y económica por parte de la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación de Atlántico
El pasado 4 de abril Edinson Palma, subsecretario de Prevención y Atención de Desastres del Atlántico, declaró a EL HERALDO que en un reciente consejo de gobierno se determinó no realizar dicha declaratoria, porque Cormagdalena sería competente para decretar la urgencia manifiesta.
'Lo cierto es que hasta que no esté resuelta la caducidad del contrato, no podían proceder. Tengo entendido que (Navelena) interpusieron un recurso de reposición y ahora tienen que esperar a que eso lo resuelvan', dijo Palma, en lo que representa otra puerta cerrada.
Es de anotar que este camino de la declaratoria de calamidad pública y económica fue propuesto por el ministro de Transporte, Jorge Rojas, luego de que el alcalde Alex Char y el gobernador Eduardo Verano le pidieran al Gobierno nacional que se llamara a la urgencia manifiesta y así poder adelantar las obras de dragado. Así, la administración central vio sus manos atadas también.
Así, la pelota vuelve a manos de Cormagdalena, en medio de la más apremiante situación del Puerto de Barranquilla en año y medio. La entidad es la que debe dar una solución urgente, así como una definitiva para toda esta problemática.
Mientras la entidad resuelve la caducidad el contrato de la APP del Río, algo que debería suceder el próximo lunes, una deslucida Navelena sigue con la concesión de los trabajos del Magdalena y la responsabilidad de las obras, lo que evita que, desde el punto de vista jurídico, el Estado contrate el dragado.
