En medio de la tensión generada por las críticas condiciones del Canal de acceso al Puerto de Barranquilla Cormagdalena reanuda hoy la audiencia de caducidad del contrato de Asociación Público Privada (APP) para recuperar la navegabilidad del río Magdalena suscrito con el consorcio Navelena.
Durante este acto se conocería si la corporación mantiene en firme su fallo de caducidad del contrato, decisión que fue aplazada para estudiar el recurso de apelación y solicitud de nulidad del fallo que presentaron los abogados de Navelena.
De lo que suceda en esta reunión dependerá el futuro inmediato de la navegabilidad por el río, ya que si el contrato sigue en manos de Navelena, este tendrá que acreditar el cierre financiero y dar inicio a la etapa de construcción del convenio que completa 10 meses de retraso, teniendo en cuenta que debió arrancar desde el 11 de junio de 2016.
Los problemas que tuvo Navelena para obtener los recursos que le permitieran respaldar el cierre financiero del acuerdo estuvieron relacionados con el escándalo por sobornos internacionales de su socio mayoritario Odebrecht (87%) (Valorcon tiene el 13% restante).
Desde el punto de vista jurídico, hasta que la caducidad quede en firme, Navelena tendría la posibilidad de resolver el incumplimiento grave del cierre financiero para lo cual deberá acreditar que cuenta con la financiación requerida o que realizó la cesión del contrato a un tercero. El consorcio había realizado contactos con la empresa multinacional PowerChina para realizar la cesión contrato, los cuales se suspendieron por unas semanas y luego se retomaron, pero no se revelaron los resultados de estos nuevos acercamientos.
Si por el contrario Cormagdalena mantiene el firme su decisión de declarar el incumplimiento definitivo y la caducidad del contrato, Navelena estará obligada a realizar la reversión de bienes y equipos al Estado y asumir el pago de la cláusula penal por incumplimiento grave por valor de $55.328 millones.
El director encargado de Cormagdalena y presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, ha señalado que de quedar en firme la caducidad, el proceso de licitación para un nuevo contrato de APP iniciaría inmediatamente. Se calcula que el proceso abriría en julio de este año y se adjudicaría en diciembre, para arrancar en enero de 2018 con la nueva concesión.
En cuanto al canal de acceso al Puerto de Barranquilla, Andrade explicó que emprenderá un plan de contingencia que tiene dos componentes, uno a corto plazo orientado a la solución inmediata de las restricciones que se presentan por la acumulación de sedimentos con la contratación de un dragado por parte de Cormagdalena, por la figura de urgencia manifiesta, proceso que debe arrancar desde hoy y que se está coordinando con la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico.
La segunda será la contratación, mediante un convenio con el Instituto Nacional de Vías (Invías) por $10.000 millones, para hacer el dragado desde el Puente Pumarejo hasta Bocas de Ceniza. Para los trabajos que se requieren en el resto del río se proyecta un convenio con Ecopetrol para la zona entre Pinillos y Barrancabermeja.
Parte de tranquilidad
Luis F. Andrade envió un mensaje de tranquilidad a las autoridades, empresarios y gremios de la ciudad sobre la disponibilidad de los recursos para adoptar las medidas que ha anunciado si confirma la caducidad. Destacó que se viene trabajando con diversos sectores relacionados con el río, con el fin de tener en cuenta sus propuestas de temas que deben ser incluidos en los pliegos de la licitación.
