De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, las administraciones públicas en los países latinoamericanos deben mejorar la forma como evalúan las políticas públicas y realizan los procesos de contratación. Así lo reporta en su informe reciente 'El panorama de las administraciones públicas en América Latina'.
En Colombia, donde la contratación del Estado representa cerca del 30% del gasto público, el BID destaca avances en los procesos meritocráticos para asignar los contratos. Sin embargo, todavía faltan políticas de medición y evaluación de intervenciones públicas, que permitan tener retroalimentación para mejorar el diseño de nuevas intervenciones. El informe resalta, además, el papel potencial de la contratación pública como instrumento de las políticas sociales, económicas y ambientales del país.
Uno de los retos principales que enfrenta el estado colombiano, según el BID, está relacionado con el relativo atraso en las funcionalidades de la contratación pública por internet. El país solo cuenta con sistemas electrónicos de anuncio de oportunidades de licitación para contratistas, mientras países como Brasil y Argentina permiten la presentación electrónica de ofertas y subastas electrónicas de licitaciones.
El informe destaca que la contratación pública electrónica puede ser una herramienta eficaz para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia de la función de las compras pública, y por lo tanto es importante diseñarlas e implementarlas.
El informe desglosa este gasto en contratación, teniendo en cuenta el gasto efectuado por cada nivel de gobierno (central, departamental y municipal) y encuentra que, en Colombia, la contratación con el nivel central del gobierno es la más importante, con más del 60% del gasto contratado. Todavía hay una gran centralización en la contratación pública, a pesar de que ha habido un leve incremento de la participación de la contratación municipal (que llega a niveles cercanos a un 26% del total).
Para Andrés Cendales, profesor del IEEC de Uninorte, cuando fijamos la atención en el nivel territorial, se comprende que el diseño y ejecución de la política pública está en manos de los ejecutivos locales (alcaldías) y los legislativos locales (concejos municipales). Por lo tanto, se debe tener en consideración no tanto lo que se desea en materia de política pública, sino las condiciones institucionales sobre las cuales opera para el presente más inmediato: las administraciones públicas locales y regionales.
'El punto que se requiere entender es que la calidad de la administración pública territorial depende, entre muchas otras variables, principalmente de la capacidad de seguimiento y castigo electoral que debe ejercer la ciudadanía en los periodos de elecciones. Una ciudadanía que no castiga administraciones públicas territoriales que siguen una lógica de depredación de lo público provocará que los gobiernos que en el nivel territorial son identificados como endémicamente corruptos preserven el control de la administración pública territorial de manera estable', dice Cendales.
El papel del posacuerdo
El posconflicto, según ANIF, incrementará el gasto público en cerca de un 3% del PIB anual, durante el próximo quinquenio. Y traerá una serie de cambios en la forma como se realizará, a nivel territorial, la administración pública. Unos de los instrumentos nacidos del acuerdo son los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET), los cuales están pensados en lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural, con miras a la reducción de brechas entre el campo y las zonas urbanas, y el desarrollo económico y social de las áreas anteriormente afectadas por el conflicto.
Los PDET buscan obtener recursos de la nación para la construcción de capacidades productivas en el campo, así como el establecimiento de cadenas de suministro campo-ciudad; y deben lograr la conexidad con el Plan nacional de desarrollo.
Los Planes nacionales de desarrollo en vigencia tendrán que ser modificados para poder estar armonizados con las metas establecidas a niveles locales, regionales y nacionales establecidos por los nuevos PDET; y los futuros planes deberán tener en cuenta en su diseño los objetivos y la construcción de los PDET.
Para Luis Trejos, profesor de Ciencia Política de Uninorte, no se vislumbran mayores cambios en el marco legal de cómo se ejecutan los recursos públicos del posconflicto a nivel nacional y regional.
'El impacto de los PDET es menor a nivel local y regional, pues estos planes van dirigidos a núcleos veredales, la unidad administrativa más pequeña a nivel territorial y también la más afectada por el conflicto armado. Además, los PDET serán acompañados por la Agencia de Renovación del Territorio, que es un organismo de nivel nacional. En este sentido, las administraciones locales y regionales no juegan un papel tan importante en la formulación e implementación de los PDET', explica Trejos.
