Implementar medidas efectivas que solucionen las principales problemáticas que preocupan al sector de los transportadores de carga y su logística, como la fijación del precio del ACPM, la chatarrización y la informalidad, solicitó Colfecar al Gobierno nacional.
El gremio que realiza el 42 Congreso Internacional del Transporte de Carga y su Logística en el centro de eventos Puerta de Oro en Barranquilla, espera 'soluciones definitivas que les permitan mejorar su productividad'.
De acuerdo con el presidente de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez Muñoz, los costos operativos, la renovación del parque automotor y la formalización, en conjunto, le restan competitividad al transporte.
'Insistimos en la necesidad de revisar la fórmula de los combustibles ya que el incremento de éstos tiene un impacto negativo que hace insostenible la productividad de los empresarios del sector puesto que este rubro es superior al 35% de nuestros costos operativos', aseguró.
Colfecar espera que el Ministerio de Minas y Energía acoja su propuesta de programar trimestralmente los ajustes al ACPM.
También propuso que las tarifas de los peajes en las cartereas del país sean diferenciales y estén determinadas de acuerdo al nivel de servicio que ofrecen las concesiones.
En cuanto a la renovación del parque automotor del país, Rodríguez Muñoz, explicó que la flota vehicular que supera los 20 años está concentrada en operadores individuales, por lo que el gremio plantea al Gobierno la aplicación de esquemas de incentivos para que estos propietarios renueven sus equipos.
El dirigente gremial alertó además sobre el incremento de la informalidad que afecta a las empresas legalmente constituidas, pues hay mucha oferta.
'Esto ha llevado a difundir la expresión de una sobreoferta de títulos habilitantes' que según Rodríguez Muñoz, se evidencia en las más de 3.400 autorizaciones para prestar el servicio sin sustento en una equilibrada demanda. Por esto se recomienda al Ministerio de Transporte aplicar indicadores de evaluación y seguimiento del sector para determinar la suficiencia del número de oferentes del servicio público con la demanda.
