Uno principales retos que enfrentan las pymes para internacionalizarse está relacionado con los costos del proceso en el corto plazo, así lo indican los resultados de la investigación 'Pymes: rutas para la exportación', realizada por Acopi en alianza con la Universidad del Norte.
Los principales aspectos que preocupan a las pymes en cuanto al desarrollo de sus actividades de exportación tienen que ver con que deben mejorar la presentación de productos, contratar personal, hacer viajes, obtener certificaciones, conocer la cultura, el idioma y los gustos de los clientes; cumplir con la documentación requerida y conocer la competencia, entre otros.
La presidenta de Acopi, Rosmery Quintero, aseguró que la meta de Colombia es llegar a los 30.000 millones de dólares en exportaciones de bienes y servicios no minero energéticos a 2018 y que apenas se ha avanzado en un 74%, a pesar de la implementación de políticas para aumentar la productividad, sofisticación y diversificación.
Afirma que según los resultados de la Encuesta de Desarrollo Empresarial de Acopi, en el segundo trimestre de 2017, el 36% de las empresas que no exportaban manifestó no hacerlo por estar centrado en el mercado local y el 16% por los costos financieros que representa el proceso.
Quintero explica que esto sucede debido a que muchos empresarios terminan por cansarse del proceso, por los múltiples requerimientos, trámites, por no poseer los contactos estratégicos que necesitan para poder lanzarse a ciertos mercados, por la demora en las entregas de la documentación por parte de las entidades certificadoras, las tarifas de las certificaciones, por la centralización de los trámites en Bogotá, etc., lo cual los lleva a preferir quedarse en el mercado nacional.
El gremio señala que para ingresar a otros mercados es necesario que las empresas tengan claras las oportunidades que tienen, contar con un producto con valor agregado, voluntad de vender y un mercado objetivo y clientes definidos. Espera además que el Gobierno analice las capacidades que se están transfiriendo a las regiones para atender las necesidades de las empresas y que se descentralicen los requisitos de certificaciones y documentación, pues se generan costos adicionales.
