Por presuntas prácticas anticompetitivas que consistían en obstruir la libre circulación de facturas emitidas por sus proveedores, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra las empresas Procter & Gamble, Postobón, Equión Energía y Carbones del Cerrejón.
El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, afirmó que esta práctica restringe el acceso a liquidez de caja de los proveedores al no permitirles negociar o descontar libremente sus facturas con terceros ya sean empresas de factoring, entidades financieras u otras.
La SIC también formuló pliego de cargos contra 15 altos directivos de las empresas investigadas por presuntamente haber facilitado, autorizado o tolerado las conductas investigadas.
Además realizó apertura de pliego contra las firmas Deloitte & Touche, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young y KPMG, en su calidad de revisores fiscales, por presuntamente incumplir parcialmente con su deber legal al no pronunciarse en su dictamen anual de revisoría sobre el incumplimiento.
Según la SIC, las empresas investigadas y otras que están en indagación habrían incurrido en prácticas inadecuadas como retener las facturas originales emitidas por sus proveedores para evitar que el acreedor endosara o la pudiera poner a circular; exigir a los proveedores la emisión de facturas sin el lleno de los requisitos legales para que no constituyeran títulos valores y no pudieran circular en el mercado de venta al descuento de las facturas, entre otras.
Según la SIC, por estas actuaciones las empresas habrían violado la Ley 155 de 1959 en concordancia con el artículo 778 del Código de Comercio que establece que: 'Toda retención de la factura o acto del comprador del bien o beneficiario del servicio que impida la libre circulación de la [factura] constituye una práctica restrictiva de la competencia'.
Robledo dijo que obstruir la libre circulación de las facturas afecta al sector empresarial más vulnerable del país, como son las micro, pequeñas y medianas empresas, pues restringe la posibilidad de negociar sus facturas, es decir, venderlas al descuento a empresas de factoring, entidades financieras o cualquier otro tercero, privándolas de acceder a recursos propios derivados de la venta de bienes ya entregados o servicios ya prestados.
La imposibilidad para estas empresas de usar mecanismos no tradicionales de financiación o liquidez y la limitación de la actividad económica de los agentes que se dedican al factoring (compraventa de facturas) limitas las inversiones en innovación, capital de trabajo, y restringe el desarrollo la actividad productiva.
La investigación de la SIC comenzó tras denuncias recibidas en contra de varias empresas y son unas 15 en total las que están en indagación. Las multas podrían oscilar entre $1.400 millones para personas naturales y hasta unos $74.000 millones por cada conducta anticompetitiva que se compruebe, en el caso de las compañías.
