El consejero delegado de Gas Natural Fenosa (GNF), Rafael Villaseca, llegará este lunes a Colombia con el fin de buscar una 'negociación amistosa' sobre el caso de la compañía Electricaribe, la cual se encuentra intervenida desde hace un año por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
El ejecutivo había reiterado el llamado a la Superservicios para que deje sin efecto la medida de intervención a la empresa distribuidora y comercializadora de energía en la Costa Caribe, durante el anuncio sobre el acuerdo de venta de la participación de GNF en la empresa Gas Natural S.A. con la que opera su negocio de gas en Colombia.
Gas Natura Fenosa comenzó un procedimiento arbitral de protección de inversiones ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral, en sus siglas en inglés), luego de la decisión de la Superservicios de declarar la liquidación de Electricaribe en marzo de 2017, en la que tiene un 85% de participación accionaria.
El grupo español espera una indemnización que estaría en el orden de los 1.000 millones de euros.
Villaseca aseguró que mantienen la disposición a una 'negociación amistosa' sobre Electricaribe, si el Gobierno colombiano garantiza 'condiciones regulatorias adecuadas'.
'El grupo pone todos sus esfuerzos para buscar una solución acordada, satisfactoria y, sobre todo, sostenible para la prestación del servicio de suministro eléctrico en la zona en beneficio de los clientes, empleados, acreedores y accionistas de Electricaribe', indica en un comunicado.
Otros intentos
Esta no es la primera vez que Gas Natural Fenosa intenta un diálogo con el Gobierno colombiano para buscar una salida concertada a los problemas de Electricaribe.
El 10 de noviembre de 2016 —cuatro días antes de la intervención— el presidente de la compañía española, Isidre Fainé, se reunió con el equipo de gobierno y con el presidente Juan Manuel Santos.
En ese momento, querían conjurar la crisis de la energía eléctrica en la Región Caribe, pero no se consiguió un acuerdo entre las partes, lo que derivó en la intervención de la empresa de energía por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
El Ejecutivo le pedía a la matriz española una capitalización de 200.000 millones de pesos para superar la crisis que tenía la empresa y le exigía mayor inversión de capital en la empresa, con el fin de cancelar las obligaciones que tiene con XM, operador del mercado de energía.
También le reclamaba al grupo español la inversión de 1,2 billones de pesos para mejorar la infraestructura eléctrica de la región.
