Luego de que el consorcio Navelena, que incumplió el contrato de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena por los líos de Odebrecht -su socio mayoritario-, anunciara una demanda millonaria contra Cormagdalena, no han faltado las críticas, también, desde el Senado.
El senador barranquillero Jaime Amín, del Centro Democrático, advirtió al respecto: 'vemos con bastante preocupación y asombro la demanda que ha anunciado en los últimos días el consorcio Navelena, integrado este mayoritariamente por Odebretch, en contra de Cormagdalena por una suma cercana a los $195.000 millones de pesos'.
Recordó en este sentido el parlamentario opositor que la brasilera 'está actualmente inmiscuida en numerosos casos de corrupción en todo el mundo, lo cual ha llevado a la multinacional a recibir una multiplicidad de condenas en varios países de américa latina e incluso en Estados Unidos, donde además ha sido sancionada con la inhabilidad para contratar de por vida con el Estado'.
Puso de presente además Amín que fue Navelena la que causó 'perjuicios incalculables' al Estado y la región: 'ahora resulta que esta compañía, la misma que tenía dentro de su organigrama empresarial una dependencia exclusiva para pagar sobornos a altos funcionarios del Estado con el fin de amarrar procesos licitatorios multimillonarios, hoy pretende que el Estado colombiano a través de Cormagdalena le desembolse la módica suma de $195.000 millones por una obra de vital importancia como lo era la navegabilidad del rio Magdalena y que literalmente dejó tirada de manera irresponsable, causando con esto perjuicios incalculables no solo para la región caribe sino para el país entero'.
Por ello, instó el senador a que sea Cormagdalena la que demande a Navelena: 'qué gran descaro sería que esta empresa decidiera interponer esta acción judicial, y valdría la pena recordarle a los directivos de esta compañía que dentro de la legislación colombiana, cuando los contratos se terminan anticipadamente por manifiesto incumplimiento de los contratistas, no está obligado el Estado a reconocer todos los costos asociados a las inversiones realizadas por estos, tal y como lo expresó en su momento el interventor, por eso mi llamado es a que por el contrario sea Cormagdalena, que se vio afectada gravemente en sus intereses dentro de la relación contractual, la que interponga las acciones judiciales pertinentes en contra del consorcio Navelena'.
