El Gobierno nacional dará a conocer mañana cuánto será el incremento del Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) de 2018 y mantiene su apuesta de que se defina por acuerdo. Hoy en Bogotá, la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, sostendrá reuniones bilaterales con empresarios para analizar las cifras y mañana se convocará la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl).
Este año el Gobierno tiene como objetivo buscar romper con la tendencia de los últimos 14 años cuando se ha definido el SMLV por decreto. 'El plazo nos vence este jueves. Ese día citaremos la Comisión, valoraremos la agenda y seguramente tomaremos decisiones', dijo la ministra a W Radio.
La última vez que se logró un acuerdo gobierno, trabajadores y empresarios, reunidos en la Comisión fue en 2003. Desde 1996 y 20 reuniones anuales de la Comisión para fijar el ajuste, en cinco oportunidades se han logrado acuerdos; mientras que en quince el Gobierno ordenó el incremento por decreto.
Los representantes de Cpcpsl presentaron sus propuestas mientras que las centrales obreras han propuesto que sea un aumento entre el 9% y 12%, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) han ofrecido 4,7% y la asociación representativa del sector financiero: Asobancaria propone un 4,5%.
Uno de los aspectos que se tiene en cuenta para analizar el incremento es la inflación. El Banco de la República recuerda que la inflación proyectada en 2017 es del 3,5%. El año pasado la inflación fue de 5,75% y el incremento del SMLV fue de 7% que se logró vía decreto.
Luis Alejandro Pedraza, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), analizó que el aumento sería hasta 5% es decir $36.885. Los trabajadores pasarían a ganar $737.717 a $774.602.
El SMLV no solo reajusta a los trabajadores, que en el país son un 10% que lo devengan, es decir entre 2 y 2,5 millones de los trabajadores. Además reajusta el valor de arriendo, peajes del Invías, multas y algunos servicios regulados prestados por privados y por el Estado, además de las pensiones, que en 2016 recibieron más de 1,7 millones de personas.
