La compañía española Telefónica presentó una demanda contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial por la sanción que le fue impuesta por incumplir con la obligación contractual de devolver los equipos e infraestructura para el funcionamiento de la telefonía celular en Colombia. Este laudo de la Cámara de Comercio de Bogotá obliga Telefónica y a Claro a pagar una suma total de $4,7 billones.
Claro (Comcel) y Colombia Telecomunicaciones (Telefónica Movistar) son obligados a pagar $3,1 billones y $1,6 billones, respectivamente.
En este proceso de derecho internacional, Telefónica cuenta con la asesoría de la firma de abogados White and Case.
