La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra de once miembros de la junta directiva y directivos del Banco Agrario por presuntas irregularidades en el crédito por $120 mil millones otorgado al consorcio Navelena cuyo socio mayoritario era la brasilera Odebrecht.
Navelena tenía a su cargo el contrato de APP del río Magdalena que fue liquidado a finales de 2017 ante la imposibilidad del consorcio de realizar el cierre financiero por los problemas reputacionales de Odebrecht.
La medida cobija a los miembros de la junta directiva Arturo Adolfo Dajud Durán, Andrés Escobar Arango; Luis Fernando Mejía Alzate, actual director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) que era representante del accionista mayoritario; Juan Luis Hernández Celis, y Luis Eduardo Gómez Álvarez, César Pardo Villalba, Francisco Estupiñán Heredia.
El Ministerio Público endilgó cargos al expresidente de la entidad financiera, Francisco Solano Mendoza; a las exvicepresidentes de Crédito y Cartera, Gloria Marcela Ferrán y de Banca Comercial, Mónica Santamaría y al gerente de Cuenta en Banca Empresarial Regional Bogotá, Omar Páez Forero.
Para los miembros de la junta directiva que participaron en la sesión del 12 de noviembre del 2015, se les reprochó haber aprobado el crédito desestimando el estudio del riesgo reputacional de esta operación financiera que surgió por la captura de Marcelo Odebrecht y de otros directivos de sus empresas.
La Procuraduría consideró que los funcionarios tenían el deber de realizar el análisis del cliente. Las presuntas faltas fueron calificadas como gravísimas a título de dolo para los miembros de la Junta Directiva del Banco que eran particulares, y como graves a título de dolo para los funcionarios de la entidad financiera que eran servidores públicos, para la época de los hechos.
