La compañía española Sacyr, representada por su filial para Colombia, Concesionaria Vial Montes de María S.A.S., deberá culminar y asumir los costos de la construcción de la autopista de Cuarta Generación (4G), Puerta De Hierro-Palmar de Varela y Carreto Cruz del Viso, luego de que un tribunal de arbitraje fallara a favor del Estado en un demanda interpuesta por la multinacional.
El tribunal determinó que la decisión emitida por el panel de amigables componedores que obligaba a la Concesionaria Vial Montes de María a ejecutar el contrato, era totalmente válida y que el contratista no podía excusarse en la ejecución del proyecto.
Este proceso judicial inició el 15 de mayo de 2017 y se resolvió el 13 de julio de 2018. De acuerdo con la ANI, la constructora tendrá que asumir también los costos procesales del Tribunal.
El plazo inicial de ejecución de la obra que fue adjudicada en 2015, era de 36 meses y actualmente se encuentra en proceso de construcción. La capacidad de financiación para el proyecto, por un monto de $238.000 millones, fue presentada con el respaldo de BTG Pactual.
En su momento Sacyr aseguró que identificó que los suelos donde se desarrollaría la vía estaban inestables y que tenían la presencia de arcillas expansivas.
Esta situación la llevó a presentar una controversia jurídica con la ANI en la que solicitó la declaratoria de un Evento Eximente de Responsabilidad (ERR), relacionado con el estado de la estructura de la vía.
La solicitud de la multinacional fue atendida a través de la figura del ‘amigable componedor’, que determinó no declarar el ERR, y la decisión fue ratificada por el tribunal de arbitraje.
La ANI informó que también tuvo un segundo fallo de un tribunal que le fue favorable, en el caso de la demanda con la que la firma Opain buscaba que se declarara que no debía asumir el descuento del 4% por haber incumplido las obligaciones del contrato del aeropuerto El Dorado de Bogotá, y pedía que el Estado, reintegrara estos recursos.
La suma pretendida por Opain en el Tribunal que inició el 9 de septiembre de 2016, se resolvió a favor de la ANI el 11 de julio de este año, lo que representó un ahorro de 62.000 millones de pesos.
La ANI señaló que los fallos favorables fueron el resultado del trabajo del grupo de expertos de defensa judicial de entidad.
En total, el trabajo de defensa judicial permitió evitar el pago a los concesionarios por el orden de los $2,4 billones en el marco de los tribunales.
El objetivo de la entidad, según lo señala, es lograr que los litigios disminuyan y que la gestión contractual de los proyectos se realice con mayor seguridad jurídica, teniendo como soporte las decisiones arbitrales emitidas.
