Una propuesta unificada de incremento del 4% para el salario mínimo en 2019 presentaron los empresarios y empleadores en la mesa de concertación salarial realizada este martes. La cifra representa un brecha de 6 puntos porcentuales frente al 10% planteado por la Confederación General de Trabajo (CGT) y 8 puntos frente al 12% que pide la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). La Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) pide, a su vez, el 10,32%.
El aumento propuesto por los empresarios sería de $31.249 al mes, con lo que el mínimo pasaría de los actuales $781.242 a $812.491 para los 9 millones de trabajadores que lo devengan.
Los empresarios explicaron que para el aumento se analizará el efecto esperado de los puntos contemplados en la Ley de Financiamiento y de la propuesta de crear una prima para la canasta familiar, por lo que consideran necesario profundizar en este tema con Gobierno y congresistas.
Sin embargo, mientras se aclaran los puntos señalados plantearon el 4% de aumento, que resulta de analizar temas como el estímulo a la inversión de capital en maquinaria y equipo, la que ha mostrado un retroceso en el último trimestre de -7,7%; la recuperación de la tasa de empleo, que en lo corrido del año hasta octubre de 2018 creció 0,5%, y una mayor alza de la totalidad de los factores de la producción, que si bien logró un indicador positivo del 0,52%, es baja comparada internacionalmente y débil, porque se basa en menores inversiones de capital y empleo en la economía.
Aseguran que la propuesta de aumento debe orientarse a incentivar la demanda agregada y a lograr la meta de inflación proyectada por el Banco de la República del 3% y del crecimiento del PIB del 3,5%, el que ha venido mostrando en el año corrido una tendencia leve al alza y un indicador del 2,7% en el tercer trimestre del año.
Señalan que se debe analizar el efecto en el empleo que tendría un aumento más allá del equilibrio general de la economía y que el Banco de la República ha estimado que un incremento de 1% en el salario mínimo más allá de lo razonable a las metas expuestas, implicaría una pérdida de 18.000 puestos de trabajo y un aumento de 21.500 trabajadores que pasarían a la informalidad.
