Después de ser cometida a significativos cambios que bajaron a la mitad sus proyecciones de recaudo para 2019, pasando de $14 billones a solo $7,1 billones, la Ley de Financiamiento sigue generando opiniones encontradas en diversos sectores.
La nueva ponencia del proyecto que fue radicada en el Congreso y que esta semana será sometida a segundo debate en sesiones extraordinarias de Senado y Cámara de Representantes, tiene algunos puntos que preocupan a gremios, expertos y analistas, por distintas razones.
Sin embargo, no todo es negativo pues hay algunos avances que son destacados como positivos dentro de la Ley.
Con respecto a la drástica reducción de los recaudos esperados, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, señaló que se aplazarán algunos gastos que quedarían desfinanciados, pero aclara que se minimizarían los efectos de estas decisiones en la población más vulnerable.
Carrasquilla ratificó además, que el proyecto no amplía el cobro del IVA a la canasta familiar y 'tampoco tocará las pensiones de los colombianos'.
Aseguró que no habrá incremento del IVA para trabajadores independientes y que el régimen se mantendrá como está, donde los contratos por prestación de servicios con ingresos brutos superiores a $120 millones anuales, son gravados con IVA.
Los cambios
La segunda ponencia de la Ley de Financiamiento fue objeto de varias modificaciones frente la que fue aprobada en primer debate en las comisiones económicas conjuntas del Congreso. Una de las más importantes es la reducción de la tarifa del impuesto a los patrimonios superiores a los $5.000 millones, que pasa del 1,5% planteado en un comienzo, al 1% durante tres años.
Se establece que los dividendos superiores a $10,3 millones serán gravados a una tarifa marginal de 15%.
También incrementa de la tarifa del impuesto de renta para las personas con ingresos mensuales promedio mayores a $40 millones. Las tarifas para el impuesto sobre la renta de personas naturales quedan así: para ingresos brutos de 0 a 1.090 UVT (Unidad de Valor Tributario que en 2019 tendrá un valor de $$34.270) de 0%; de 1.090 a 1.700 UVT 19%; de 1.700 a 4.100 UVT 28%; de 4.100 a 8.670 UVT 33%; de 8.670 a 18.970 UVT 35%; de 18.970 a 31.000 37% y de 31.000 en adelante 39%.
El impuesto a las ventas de vivienda de más de $900 millones, con una tarifa de 2%, se reemplaza por un impuesto a las ventas de todos los inmuebles que excedan ese valor, excepto los predios rurales destinados a producción agropecuaria.
Aumenta la tarifa de retención en la fuente aplicable a los retiros de los aportes voluntarios efectuados a pensiones obligatorias, sin el cumplimiento de los requisitos al 35%.
Además, el umbral de los ingresos para definir los contribuyentes responsables de IVA no bajará. En la anterior ponencia se establecía que pasaba de 3.500 UVT a 3.000 UVT, en la nueva no.
Se mantiene el IVA plurifásico a las cervezas y las gaseosas y se estudia un impuesto a las botellas de plástico de $50.
El umbral de UVT para ser responsable del impuesto sobre las ventas (IVA) y del impuesto al consumo, será de 3.500 UVT, lo que deja por fuera a los pequeños comerciantes como tenderos.
También se excluyen del IVA a los servicios de conexión y acceso a internet de los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2.
La ponencia aclara que están excluidas del IVA las cirugías plásticas reparadoras o funcionales y las cuotas de manejo de las tarjetas de crédito y débito.
Se reduce la tarifa de renta para las empresas de 33% a 30% en los próximos cuatro años y se permitirá el descuento en el impuesto de renta de los gastos en IVA de la inversión en capital y de los pagos del Impuesto de Industria y Comercio.
De forma gradual, a lo largo de los próximos 3 años, se elimina la renta presuntiva, con lo cual, según el ministro Carrasquilla, se incentiva el emprendimiento y se deja de castigar a las empresas en consolidación.
Se plantea el IVA del 19% para los negocios locales de las zonas francas.
Los contra
El pasado jueves, el mismo día en que se radicó la segunda ponencia, más de 40 expertos entre quienes estaban decanos, directores de centros de investigación y profesores de las principales universidades del país, firmaron una carta por iniciativa del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, en la que expresan preocupación frente a los casi $9 billones en nuevos beneficios tributarios a las grandes empresas que otorga la Ley de Financiamiento.
Señalan los expertos que las exenciones tributarias que se pretende entregar a nuevos sectores económicos 'carecen de una justificación técnica robusta y no es clara la razón detrás de la entrega de los alivios tributarios a las megainversiones, ni los criterios utilizados para escoger a los sectores que componen la llamada Economía Naranja'.
Señalan que las exenciones no solo reducen el recaudo fiscal y encarecen la administración tributaria sino que dificultan la labor de supervisión de la Dian.
Proponen a los congresistas que una comisión técnica se encargue de evaluar los más de 200 beneficios tributarios y actualizar dicha lista si es necesario.
A su vez, Edgar Orlando Martínez, director de la Cámara de Usuarios de las Zonas Francas (ZF) de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), advirtió que se presentará un incremento de la base gravable para productos en ZF, con un efecto en el precio final de los bienes, ya que los usuarios no podrán descontar los mayores IVAS generados y tienen que ser involucrados en el precio final.
'La opción por la que optarían es dejar de comprar a industrias locales y adquirir los insumos en el exterior, como ya lo están pensando realizar varias industrias', dijo.
Para Martínez un cambio en la ley genera fuertes impactos en las proyecciones financieras que tuvieron en cuenta los inversionistas a la hora de apostar por Colombia, afectando la estabilidad jurídica.
Por su parte Fedelonjas se había pronunciado señalando los efectos negativos de aplicar el impoconsumo del 2% a las ventas de inmuebles nuevos y usados con valor superior a los $900 millones.
María Clara Luque, presidente de Fedelonjas, dijo que en el caso de la vivienda no solo se afectaría a estratos altos sino también a la clase media.
Lo favorable
La creación del el Sistema de Tributación Simple a través del cual se busca simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las personas jurídicas o naturales con ingresos brutos anuales inferiores a $2.750 millones, es destacada por la presidente de Acopi, Rosmery Quintero, como uno de los puntos positivos de la Ley de Financiamiento, pues ayudará a la formalización de las empresas especialmente micro y pequeñas. Se calcula que al menos 1,3 millones de empresas se beneficiarían con este esquema.
Simple plantea que en un único formulario las empresas podrán liquidar sus obligaciones tributarias de renta e ICA, reduciendo sus costos del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y promoviendo de esta forma la formalización.
Las tarifas del sistema para tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-mercados y peluquerías incluyen ya su responsabilidad de IVA. Por su parte, los restaurantes liquidarán el impuesto al consumo en el mismo formulario.
¿Qué pasa con los dividendos?
La nueva ponencia establece que los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a personas naturales residentes fiscales en Colombia, por $10,3 millones, estarán sujetas a una tarifa del impuesto sobre la renta del 15% y que los dividendos, cuando el accionista sea una sociedad residente en el exterior, tendrán tarifa del 7,5%. Actualmente los dividendos de personas naturales tienen tres tarifas diferenciales de 0%, 5% y 10%. Deben pagar quienes ganan de $20,3 millones el adelante.
Juan Guillermo Ruiz, socio fundador Posse Herrera Ruiz, señala que la tarifa del 15% para los inversionistas se considera alta y que hay una asimetría en la tarifa aplicable a los residente fiscales en Colombia y la de los residentes fiscales en el exterior.
'Hay una asimetría, que a pesar de haber sido avalada por la Corte, es muy inconveniente porque trata de una manera desventajosa los residentes fiscales colombianos y que podría generar un éxodo de inversionistas', señala.
Explica que los inversionistas miden los tributos desde el punto de vista del impuesto combinado, que refleja el total de impuestos de la sociedad y de las utilidades, y que ante estas tarifas podrían decidir invertir en el exterior.
