Debido a que la Contraloría 'obstaculizó' los intereses de Glencore y su filial Prodeco, por un fallo fiscal que en 2016 estableció un detrimento en el cálculo de las regalías por la explotación de la mina Calenturitas, en La Jagua de Ibirico, Cesar, el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas Relativas a la Inversión, Ciadi, del Banco Mundial, ordenó a Colombia pagar US$19,1 millones de los US$500 que solicitaba la multinacional.
El pago es equivalente a la multa que impuso el ente de control fiscal a la minera, $60 mil millones, más intereses.
La matriz de Prodeco argumentó en su demanda acoso estatal en el fallo fiscal.
Por su parte, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado anunció que estudia la decisión para decidir si interpone un recurso de anulación ante el tribunal internacional.
El caso tiene que ver con un aval que dio en 2010 el Ministerio de Minas al cambio en el cálculo de las regalías por la explotación de la mina cesarense, lo que luego fue considerado por la Contraloría como una afectación fiscal a la Nación.
