Un promedio de mil quejas ciudadanas al mes recibe la Superintendencia de Industria y Comercio por casos de protección de datos aseguró el superintendente delegado para la protección de datos, Nelson Remolina. Sin embargo, afirmó que en el 90% de los casos se encuentra que no hay irregularidades.
En el últimos nueve años (a cierre de julio de 2019) se recibieron 48 mil quejas, pero históricamente, solo un promedio del 10% de estas termina con órdenes o sanciones con multas.
De acuerdo con Remolina, desde 2010 se han impuesto 799 multas que ascienden a los $38 mil millones.
'Hay casos en que las empresas nos muestran las pruebas de que los ciudadanos han autorizado el tratamiento de sus datos', explicó.
El funcionario dijo que antes de acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio, es necesario que la persona que tenga la queja o reclamo la presente ante la empresa que considere ha vulnerado sus derechos, lo cual es un prerrequisito para el trámite. En caso en que no tenga respuesta oportuna, entonces entra la SIC a realizar la investigación.
Hay varios canales a través de los cuales se pueden hace estas reclamaciones, ante la SIC, estos puede ser en línea o en las oficinas de la entidad.
Hay otros casos donde los ciudadanos reclaman que las publicaciones que hacen sobre ellos no son correctas, pero las empresas prueban que sí lo son. Esto lleva a que se verifique si las actuaciones de las organizaciones se han dado de acuerdo con la ley.
'Las investigaciones que realizamos las hacemos tanto con las pruebas que entregan los ciudadanos como la que nos dan las organizaciones y de acuerdo con los resultados se procede', agregó.
Aclaró que cuando se trata de entidades públicas, la SIC no tiene competencia, sino la Procuraduría General de la Nación.
'En el 90% de los casos que no se emiten órdenes o sanciones ocurren muchas cosas, ya sea que no se acreditan los requisitos como presentar previamente la consulta o reclamo a la empresa o no somos competentes porque es una entidad pública u otros', sostuvo.
En cuanto a la suplantación de identidad, Remolina dijo que es algo preocupante porque en el último año las quejas han crecido en un 122%.
En estos casos hay que tener en cuenta varios componentes por un lado hay un tema penal, pues se trata de delitos como falsedad personal o violación de datos personales que deben ser conocidos por la Fiscalía General de la Nación.
Además, hay un aspecto que se relaciona con datos y la calidad de la información. Esto hace referencia a la obligación que tiene una empresa de probar y confirmar la identidad de quien recibe, compra o adquiere un producto o servicio como una línea telefónica, por ejemplo.
Otro punto es la seguridad de la información, ya que un suplantador puede acceder a la información de la persona que está suplantando. 'Desde la Superintendencia se ha solicitado a las empresas que fortalezcan sus medidas de seguridad y la fortalezcan para que verifiquen y confirmen la identidad de quienes adquieren los productos o servicios para prevenir la suplantación', señaló. Estas órdenes se han realizado a empresas como Facebook o Uber.
Recordó que el insumo que usan los suplantadores son los datos e información de los ciudadanos y que hay casos en los que solo usan la fotocopia de la cédula o el número de identificación.
Las normas exigen a las empresas garantizar la seguridad de la información de sus clientes. La ley 1880 o Estatuto de Consumidor tiene un capítulo sobre comercio electrónico el cual exige a las empresas tener pruebas plenas de la identidad del consumidor.
