La Asociación de Cajas de Compensación Familiar pidió al gobierno certidumbre jurídica sobre los aportes del 4% que entregan los empresarios del país de acuerdo con lo establecido en la Ley 21 de 1982, y son administrados y destinados para los programas de bienestar y subsidios de más de 9 millones de empleados formales.
Ernesto Herrera Diazgranados dijó a El HERALDO en diálogo telefónico desde Cartagena, sede del Congreso Nacional de Asocajas, que le preocupa la incertidumbre jurídica que el Congreso de la República está lanzando en cada período legislativo con la presentación de proyectos que pueden tocar los ingresos de las cajas de compensación del país.
El que más los inquieta es el de la canasta familiar y una prima que asumirían las cajas.
Asocajas estima que de aprobarse el proyecto de canasta familiar y prima en el Congreso, este tendría un costo de $2,5 billones. 'Hoy se radicó este proyecto que tiene unas propuestas sustitutivas que se harán con cargo a las cajas. A la larga son recursos de los trabajadores no nuestros. Recibimos estos recursos y los entregados con programas, subsidios', dijo Herrera Diazgranados, presidente de la caja de compensación Combarranquilla.
Asocajas identificó que hay 12 iniciativas en el Congreso que se han propuesto y se presentan para poner cargas.
Indicó Herrera Diazgranados que hay un proyecto de ley que propone que todos los vigilantes de seguridad tengan un seguro de vida y sea asumido con recursos por las cajas.
Otro proyecto que identificó es que los jóvenes que comiencen su vida laboral no paguen aportes a las cajas, pero que las cajas sí entreguen servicios.
'Estamos pidiendo estabilidad jurídica porque tenemos una tarea, que es la de dar bienestar y equidad para los trabajadores, y si nos van a poner tareas de costos y gastos, así sea con fin de una política social, con recursos que están comprometidos de acuerdo a la ley a unos programas específicos'.
