Las cuentas de la reforma tributaria o Ley de Crecimiento cuya ponencia para segundo debate se conoció el pasado jueves no han caído bien. Uno de los temas críticos son las gavelas que plantea, en especial al sector empresarial las cuales podrían llegar a unos $10 billones.
De acuerdo con el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana las exenciones tributarias que se pretenden entregar a los sectores económicos señalados en el proyecto de ley, así como las nuevas medidas incluidas, 'no tienen una justificación técnica robusta'.
'No es clara la razón detrás de la entrega de los alivios tributarios a las mega-inversiones, ni los criterios utilizados para escoger la naturaleza de las inversiones y los sectores que componen la llamada Economía Naranja, ni las razones de la reducción la tarifa del impuesto de renta a las empresas, entre otras disposiciones', indica.
Considera además, que medidas como los tres días sin IVA para ventas presenciales 'son populistas, complican el sistema tributario, y menoscaban el recaudo'.
'Consideramos inaceptable que se concedan $9 billones en descuentos tributarios a las empresas sin que esa inversión esté plenamente justificada o atada de forma más rigurosa a consideraciones más importantes, como garantizar unas finanzas públicas saludables o mejorar la naturaleza de nuestro sistema tributario', señala.
Fedesarrollo analizó la ponencia y encontró que, tal como quedó planteada, a partir del próximo año habrá una caída del recaudo de $5 billones que subirá a $8 billones para 2021, y a $10 billones en 2022. En los dos años siguientes, el país dejará de recibir entre $13 y $14 billones.
El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, alertó al Gobierno y al Congreso para que aborden la discusión con el mayor grado de responsabilidad teniendo en cuenta que una reforma tributaria que genera más gastos que ingresos pone en peligro la credibilidad de los inversionistas y de las calificadoras frente al futuro fiscal del país.
El proyecto propone hacer una devolución del 100% del IVA pagado destinada al 20% de los hogares más pobres del país, buscando darles un alivio tributario. La medida implicaría que se devuelvan aproximadamente $1,7 billones.
En el proyecto se establece que las declaraciones de activos en el exterior solo se hagan cuando el valor patrimonial de los activos del exterior poseídos al primero de enero de cada año sea superior a 2.000 UVT ($68,5 billones). Actualmente aplica para $122,6 millones.
Se mantiene la propuesta de un menor pago de impuestos por parte de megainversionistas, sector 'economía naranja', sector hotelero, grandes inversiones del sector agropecuario e importación de bienes de capital, entre otras, además de la reducción en la tarifa del impuesto de renta general para las empresas.
