El paquete de medidas pensionales adoptadas por el Gobierno en el marco de la emergencia por el coronavirus se ha convertido en un tema polémico debido a sus implicaciones.
Una de las disposiciones del Decreto 558 de 2020 y que busca ayudar a financiar la nómina y dar flujo de caja es la suspensión por dos meses de los aportes que hacen las empresas a sus trabajadores y de los aportes de los trabajadores independientes al sistema pensional, manteniendo un pago del 3% del seguro.
La otra medida es que unos 20 mil pensionados bajo la modalidad de retiro programado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) a cargo de los fondos privados de pensión (AFP) pasarán a ser manejados por Colpensiones.
Asofondos, gremio de las administradoras de fondos de pensión (Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia) indica que si bien el RAIS tiene un componente para los pensionados por retiro programado que es el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, el Gobierno determinó que, obligatoriamente, se trasladen recursos a Colpensiones para pagar una parte de los retiros programados, cifra que estaría entre los $4 y $5 billones.
El investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Iván Jaramillo, afirma que la segunda medida se puede interpretar como una falta de caracterización del régimen de ahorro individual como verdadero sistema de seguridad social.
'Si la razón de la modificación es que el aumento del riesgo financiero lleva a la imposibilidad de reconocer las pensiones, entonces sería un sistema financiero y no de seguridad social', afirma.
Considera que la norma tiene problemas de constitucionalidad ya que no está ligada a la crisis económica que se presenta en el país a causa del coronavirus y que motivó la declaración de emergencia.
'Esto podría ser una expropiación del dinero de los afiliados al régimen de ahorro individual, ya que la modalidad de retiro programado contempla que a la finalización y muerte del afiliado quedan saldos, estos deben pasar a los herederos y beneficiarios, pero al pasar la plata al régimen de Prima Media esto no podría darse', señaló.
De acuerdo con el analista, el retiro programado por ausencia de rentas vitalicias no es un sistema de seguridad social y no es sostenible. 'La medida reconoce que en un periodo de crisis la seguridad social termina no siendo sostenible en materia de ahorro individual'.
Para el experto se trata de hacer 'una minirreforma pensional'.
Agrega que no se justifica mantener el pago del seguro del 3% durante los dos meses que se suspenden los aportes pensionales, ya que no hay cotización que los fondos privados deban administrar.
En este sentido, el profesor de la Universidad Javieriana, Oliver Pardo, afirma que es 'lamentable que no se suspenda el pago del 3% a las administradoras por cotizaciones que no se van a realizar'.
Agrega que la suspensión por dos meses de los aportes pensionales es insuficiente, ya que los efectos económicos de la pandemia van a tomar más tiempo, al menos debían ser unos seis meses.
El experto PhD en Economía dice que el paso de los pensionados de los fondos a Colpensiones no representa problema para ellos, pero sí preocupa que se traslade el riesgo de las AFP a los contribuyentes. Señala que se evidencia un problema estructural relacionado con las rentas vitalicias.
