La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impartió una orden administrativa a los propietarios de tiendas y almacenes de autoservicio para que dejen de realizar prácticas que vulneran los derechos de los consumidores.
La decisión plasmada en la Resolución 18812 de 2020 surge luego de que el organismo regulador recibiera 1.400 denuncias sobre posibles infracciones o inconformidades en las tiendas del país. Entre ellas se encuentran: incremento en los precios de los productos de la canasta familiar, alza del precio de tapabocas, antibacteriales o alcohol, acaparamiento, entre otras.
Ante esto, el ente público ordenó a las tiendas del país abstenerse de sustraer o retener productos de primera necesidad, pero 'sin limitarse a alimentos y bebidas no alcohólicas, artículos de aseo personal, o de mantenimiento y limpieza, analgésicos, soluciones o geles, tapabocas y guantes para examen, con la finalidad de desabastecer el mercado o presionar el alza de precios'.
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La SIC también les pidió retirar las publicaciones que puedan inducir al engaño a los consumidores al ofrecer productos asociados a la cura o a la prevención del COVID-19.
De igual forma, la SIC pidió informar al consumidor de forma clara los precios de los productos y las restricciones, en caso de tenerlas, sobre la cantidad de elementos que pueden ser adquiridos.
La Superintendencia de Industria y Comercio también pidió adoptar los protocolos de bioseguridad y el servicio de domicilio para 'garantizar las condiciones de seguridad a los consumidores en el momento de realizar las compras en el establecimiento y por domicilio'.
La SIC finalmente exhortó a los alcaldes municipales y distritales a verificar el cumplimiento de las órdenes emitidas por medio de visitas de inspección a las tiendas.
El incumplimiento de las órdenes puede acarrear multas hasta por 1.000 salarios mínimos legales vigentes.
