A Francisco Rodríguez le devolvieron el dinero de su pedido a domicilio dos días después de no recibir su compra. Cuenta que había solicitado desde el sábado 9 de mayo un almuerzo especial para el domingo 10 de mayo, Día de la Madre, a un restaurante del norte de la ciudad.
Todo lo acordó por WhatsApp, coordinó todo el pedido y pagó. El domingo a las 11:45 de la mañana llamó para recordar su compra. Le respondieron que estaba en preparación para su despacho.
'Sé que ese día todo colapsó', agregó Javier Torres, un usuario quien intentó pedir un domicilio.
Francisco Rodríguez esperó el mediodía, una hora después, dos horas más y solo a las 3 de la tarde, después de escribir y llamar con insistencia, dice que le respondieron: 'El restaurante tuvo un lío encima'.
Para este cliente y otros que hicieron pedidos llamaron directamente al restaurante, pero los domicilios que alcanzaron a llegar, llegaron con marcas de plataformas.
Un propietario de restaurante, que por el cierre del comercio y la emergencia sanitaria incursionó en el domicilio y abrió aplicando protocolos de salud, contó a El HERALDO que hacer alianzas con plataformas tiene un costo que les representa por cada venta entre un 8% y 18% más el IVA; es decir, lo que tienen que pagarle a la aplicación. Pero este restaurantero dijo que contratar a una persona con moto y sus permisos en reglas para prestar el servicio representa entre $3.000 y $5.000 por cada venta.
Francisco Rodríguez, como consumidor, ¿volverá a comprarles? 'Me pareció el colmo lo que ocurrió y solo por un almuerzo. No digo la marca del restaurante porque de alguna manera me llamaron varias veces y me presentaron disculpas. Las acepté, simplemente'.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en su función de defender los derechos del consumidor y por las quejas presentadas por los servicios de domicilio el Día de la Madre anunció que abrió investigación a las plataformas Rappi S.A.S., Ubert Eats, Ifood y Domicilios.com.
La SIC indicó que pidió información para verificar el cumplimiento de los derechos de los consumidores a recibir información veraz, suficiente y oportuna, y el ejercicio pertinente de los derechos de retracto y reversión de pago el día 10 de mayo de 2020, relacionadas con incumplimiento en los tiempos de entrega de los productos, falta de información y confirmación de pedidos, demoras en la devolución de dinero de productos no entregados, descuentos en tarjetas de crédito cuando la orden no fue tomada o el producto no fue entregado a satisfacción.
Rappi dijo que entienden la incomodidad que pudo causar la caída de los servidores el pasado domingo. 'Frente a esto, queremos aclarar que recibimos una solicitud de información por parte de la SIC a la cual le daremos respuesta y aportaremos todas las pruebas y documentos solicitados por esta entidad en el término establecido'.
Uber Colombia S.A.S dijo que recibió una solicitud de información mediante oficio de parte de la SIC que está siendo analizada, 'ya que a la compañía se le dio un término para dar respuesta y el mismo no se ha vencido. A la fecha no ha sido notificada de apertura formal de investigación'.
IFood Colombia indicó que no ha recibido notificación y está disponible para colaborar con las autoridades. La empresa reconoció que ese domingo, desde tempranas horas registraron 'colapsos en muchas cocinas del país'. 'Entonces vimos que muchos domiciliarios quedaron a esperas de recibir la comida lista por parte del restaurante, provocando contratiempos en la experiencia', dijo Camilo Sarasti, country manager de iFood para Colombia.
Felipe Ossa, director ejecutivo de Domicilios.com, indicó que no han sido notificados por parte de la SIC sobre los hechos reportados el pasado domingo. 'Sin embargo, en Domicilios.com estamos a disposición de la entidad, como siempre lo hemos hecho, para atender los requerimientos que nos presente, esto con el ánimo de mantener nuestro compromiso con la transparencia y la colaboración en beneficio de nuestros usuarios'.
De ser responsables, tras la investigación, estas aplicaciones serán multadas hasta con 2.000 salarios mínimos legales vigentes.
