El proyecto llamado 'Borrón y cuenta nueva', que plantea cambios en la forma en la que registra el historial crediticio en las centrales de riesgo, ha generado voces a favor y en contra. Sus defensores afirman que permitirá mayor acceso al crédito por parte de personas naturales y mipymes, pero sus detractores señalan que el efecto será contrario.
El proyecto, al que solo le falta un debate en plenaria de la Cámara de Representantes, fue cuestionado ayer por 26 de los 27 gremios que integran el Consejo Gremial Nacional, con excepción de Acopi, los cuales alertaron sobre los 'efectos adversos que generaría para la economía nacional' ya que 'afectaría la inclusión financiera de millones de colombianos y la reactivación económica'.
La iniciativa que pretende modificar el régimen actual del hábeas data (Ley 1266 de 2008) permitirá una amnistía por única vez para los deudores que se pongan al día y cuya información negativa hubiere permanecido en los bancos de datos por lo menos seis meses contados a partir de la extinción de las obligaciones.
Según explica el representante a la Cámara por el Atlántico y ponente del proyecto César Lorduy, con la nueva ley el término de permanencia de los reportes negativos será igual al tiempo de mora, máximo dos años contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea extinguida la obligación. Actualmente, el término de permanencia de cuatro años contados a partir de la fecha en que se paga la obligación vencida.
El proyecto propone, entre otros, que el dato negativo por obligaciones inferiores o iguales al 15% de un salario mínimo legal mensual vigente solo será reportado después de cumplirse, al menos, dos comunicaciones al deudor.
'La cantidad y la calidad de los datos crediticios favorece el acceso de la población, especialmente la de menores recursos, al crédito otorgado por diferentes sectores empresariales. Eliminar dicha información podría conducir a una inadecuada colocación del ahorro del público, al deterioro de la calidad de la cartera de las empresas y al fomento de la cultura del no pago', indica el Consejo Gremial.
Señala que las entidades que colocan créditos o financian bienes o servicios se verían forzadas a tomar decisiones de crédito con información incompleta, lo que llevaría a endurecer sus políticas de riesgo y encarecería la colocación de créditos.
'Si se insiste en este proyecto de ley, la población colombiana quedaría aún más expuesta al crédito informal o 'gota a gota', al agiotismo y a la violencia de sus cobradores, impidiéndole a millones de hogares salir del círculo de la pobreza', afirman los gremios.
