La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) advirtió que el proyecto de Ley de Pago a Plazos Justos, que está en trámite en el Congreso de la República, debe mantener el principio del libre mercado. Los empresarios al tiempo invitaron a las empresas de todos los tamaños a que hagan sus mayores esfuerzos para apoyar la situación de caja de sus proveedores.
A la Andi le preocupa como principio general las iniciativas que puedan resultar en que el Estado intervenga en los acuerdos entre privados. Así mismo también considera fundamental la defensa de los emprendedores y los pequeños empresarios.
'Es importante considerar que una parte de las cuentas por pagar de las grandes empresas, vía encadenamientos y red de proveedores de las compañías, corresponde a las cuentas por cobrar con las Pymes, son relaciones complementarias y deben ser virtuosas. Sin embargo, regular las relaciones entre grandes empresas con las Pymes o con las pequeñas empresas, va en contravía del desarrollo de las prácticas de libre mercado', indicó la Andi.
El proyecto de Ley que también tiene la expectativa de otros gremios como Acopi, está en la etapa de presentación de ponencias y de plazos en los que se pueden pagar las cuentas.
Hay propuestas que El HERALDO conoció como de un senador de regular entre 30 y 60 días el pago de cuentas.
Este miércoles se reunió la subcomisión en el Congreso para escoger una sola ponencia para llevarla a Senado y su debate será este jueves.
'Muchas de las cuentas por pagar de las grandes empresas son también con compañías de igual tamaño. Por su parte, en las cuentas por cobrar de las Pymes también una parte son con empresas de tamaño similar. Preocupa el hecho de que el proyecto de ley va en dirección contraria del desarrollo de las Pymes y del fortalecimiento de los encadenamientos del sector productivo colombiano. Genera desventajas competitivas contrarias al desarrollo de las Pymes', señala la Andi.
La agremiación agrega que establecer plazos de pago por ley generaría 'una distorsión artificial en la economía con graves consecuencias como la discriminación entre las empresas, el aumento de las importaciones con la afectación de la balanza comercial y cambiaria, generando un incentivo a conseguir proveedores por fuera del país, si se tiene en cuenta que la regulación por cuentas por cobrar no cobija a las importaciones, perjudicando el fortalecimiento de las Pymes nacionales'.
