La Upme ha recibido por encargo del Gobierno nacional el desarrollo y aplicación del procedimiento para el acceso a los beneficios financieros que contempla la Ley 1715/2014 para proyectos e inversiones en el país de energías de fuentes no convencionales como la solar, eólica principalmente.
Este paso permitirá que el Gobierno siga consolidando su política pública de atraer inversiones y diversificar la matriz en el 2022 menos dependiente de la energía generada a través del agua (hidronergía). A mayo de 2020, según XM, el 63.66% de la generación del país fue producto de recursos renovables y el 36.34% restante de recursos no renovables. En la generación total con recursos renovables, la mayor contribución fue la generación hidráulica con un 98.37 %
Esta semana el presidente Iván Duque dijo que en próximos años aspiran a llegar a un 12% con un aporte de otras energías de recursos no convencionales renovables para consolidar la 'transición energética que es una realidad'.
'En 2024 aspiramos a tener esa matriz consolidada más cuando los fenómenos de la Niña y Niño son cada vez más fuerte. Pasamos de un 0,5% energía solar y eólica, y en un año logramos triplicar esos 50 megavatios a más de 150%, y a tener más opciones para que el sector privado participe y llegar a 2.500 megavatios', agregó Duque.
El Decreto 829 de junio 10 de 2020 dado a conocer por el Gobierno permitirá que también pequeños inversionistas de energías fotovoltaicas puedan acceder a los beneficios.
Incentivar la penetración de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable en el sistema energético colombiano, la eficiencia energética y la respuesta de la demanda en todos los sectores y actividades, con criterios de sostenibilidad medioambiental, social y económica, estaban paralizadas hasta antes del decreto, según expertos consultados por EL HERALDO.
Ahora la norma permite que la Upme tenga la facultad de conceptuar qué empresas pueden acceder a esos estímulos, facultad que hasta antes del decreto estaba en un limbo y también tenía trámite ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
