La historia de Electricaribe y los gobiernos regionales y nacional ha sido de encuentros y desencuentros. Por dos décadas la empresa que presta el servicio de energía a los más de 2,7 millones de usuarios en la Costa Caribe ha ocupado la agenda de los mandatarios de turno por diversas razones.
A comienzos de la década del 2000, la llegada de la compañía española Unión Fenosa como accionista mayoritaria de Electricaribe generó gran expectativa por la trayectoria y experiencia que tenía en materia del servicio de energía a nivel internacional.
Gobierno y usuarios vieron en esta negociación la oportunidad de mejorar el servicio de energía, tras el paso de HIE Caribe Energy (Houston Industries Inc. y Electricidad de Caracas S.A. C. A.). Después de la fusión de Unión Fenosa y Gas Natural, la empresa quedó bajo el control de Gas Natural Fenosa (GNC) y en menos de tres años comienza a evidenciarse el impacto de las bajas inversiones en la red con el deterioro de la calidad del servicio.
El presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem) Atlántico, Carlos Pantoja, explica que la regulación vigente dejaba ciertos espacios de flexibilidad para que las empresas realizaran sus planes de inversión.
Un informe que presentó Amylkar Acosta, sobre su gestión como ministro de Minas y Energía, indicaba que un estudio especializado había concluido que la norma vigente no incentivaba las inversiones en la expansión para garantizar la calidad, confiabilidad y reducción de pérdidas. Esto debido a que solo se reconocían las inversiones después de realizadas.
Esta situación llevó a que la empresa dejara de realizar las inversiones necesarias en infraestructura trayendo consigo problemas para la confiabilidad del servicio en una región donde la demanda de energía crecía de manera sostenida.
Los efectos de la falta de inversiones se agravaron por las condiciones propias de la región Caribe, en donde la alta salinidad acelera el deterioro de la infraestructura y equipos, lo que demanda mantenimientos frecuentes.
'La falta de firmeza y confiabilidad del sistema eléctrico en el Caribe se ha convertido en el principal cuello de botella para la competitividad regional, afectando a las empresas grandes, medianas y pequeñas, la hotelería, el comercio, al tiempo que se ha convertido en una calamidad para los usuarios residenciales, desesperados y desesperanzados, que ya no ven salida distinta al cambio de operador de red, como lo están demandando los gobernadores y alcaldes de las ciudades capitales de la región Caribe', afirmaba Acosta en un informe realizado sobre la situación de Electricaribe en 2016, cuando era presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND).
Ante este panorama el Gobierno nacional solicitó a la empresa un compromiso de inversiones y un plan de gestión (bajo la vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios) para mejorar la calidad en la prestación del servicio de comercialización y distribución de energía en la región. No obstante, uno de los principales 'cuellos de botella' en este proceso era la falta de flujo de caja de la empresa.
Cumbre energética
El avance acelerado de la crisis tanto operativa como financiera de la empresa llevó a que en enero de 2016 se realizara una cumbre energética en la que tomaron parte los mandatarios costeños y congresistas, al igual que dirigentes políticos y empresariales, y que fue encabezada por el presidente Juan Manuel Santos y el ministro Tomás González.
En esta cumbre Santos afirmó: 'Reconocemos, es un servicio ineficiente. Tenemos problemas serios', también se comprometió a buscar un mecanismo para capitalizar la deuda que tenían 400 mil usuarios con Electricaribe.
A estas alturas ya eran varias las voces de dirigentes políticos, empresariales y sociales que pedían al Gobierno tomar la decisión de intervenir la empresa.
El sentimiento de rechazo hacia la compañía aumentó tras los hallazgos fiscales de la Contraloría General de la República por $65 mil millones en contratos realizados por Electricaribe con el Ministerio de Minas para la ejecución del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone).
A pesar de que la compañía respondió que los recursos entregados por el Gobierno en tres contratos por $141 mil millones estaban en fiducias, el ente de control determinó que solo $7.734 millones se encontraban asegurados. Del resto de recursos, $133 mil millones fueron girados a terceros y no se logró normalizar la totalidad de los usuarios acordados.
El exalcalde Alejandro Char recuerda que en ese momento la situación era difícil, porque a diario – en todos los rincones de la Costa– se realizaban protestas, marchas y bloqueos en contra del 'pésimo' servicio que prestaba Elecricaribe. Los usurarios de estratos bajos se quejaban porque eran 'atropellados' por unas tarifas imposibles de pagar. Además, con un suministro de energía deficiente, con voltajes fluctuantes que dañaban electrodomésticos y causaban muertes.
A esto se sumaban unas redes precarias, en condiciones técnicas inhabilitadas para prestar un servicio eficiente, permanente y confiable, lo que terminaba impactando negativamente a la ciudad y afectaba la competitividad.
'La gente, los usuarios no resistían más. Y cuando salíamos a las calles la ciudadanía nos pedía a gritos hacer algo. Eso le dijimos al presidente y él entendió lo critico del momento y se comprometió a ayudarnos y así empezamos a dar los primeros pasos para sacar a Electricaribe de la región, como lo pedían los sufridos usuarios de la Costa'.
El gobierno y la fuerza pública se veían obligados a invertir grandes recursos y mucho tiempo para controlar y normalizar la situación.
Luego de una de las tantas reuniones realizadas entre 2015 y 2016 para analizar la situación de Electricaribe, el entonces gobernador de Bolívar resumió el sentimiento de sus homólogos costeños: 'Si las relaciones (diplomáticas) se van a romper con España, por parte del Caribe, pues que se rompan'.
