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La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) expresó su preocupación por el aumento que ha venido presentando el componente de restricciones en la tarifa de energía en medio de la pandemia. Entre agosto y septiembre de este año, el cargo tuvo un incremento del 45,9% y pasó de tener un precio promedio del costo unitario de $16,8 por kWh a $24,5 por kWh en septiembre de este año.

En agosto, el promedio del costo unitario de las restricciones ya había registrado un incremento de 11,8% con respecto a julio de 2020.

'Estos incrementos conllevan a un gran impacto negativo para la demanda No Regulada dentro de sus costos operativos, motivo por el cual hacemos especial énfasis en este componente', advirtió Sandra Fonseca, directora ejecutiva de Asoenergía.

La dirigente gremial aseguró que este comportamiento se mantendrá estructuralmente debido a que la expansión en infraestructura de transmisión no se ha solucionado de raíz y los proyectos sufren retrasos constantes en sus fechas de entrada en operación.

Indicó que al menos el 50% de la capacidad de energías renovables no convencionales adjudicadas en las subastas del 2019 tendrían riesgo de no ingresar a tiempo con la energía asignada, incluyendo proyectos esenciales ubicados en la Costa Caribe como la línea Colectora I y las redes para conectar los proyectos a esta línea de transmisión.

El cargo por restricciones asociadas con limitaciones de transmisión es uno de los componentes de la tarifa de energía que refleja el sobreprecio por reemplazar energía económica por energía más costosa.

Las restricciones surgen principalmente cuando resulta imposible llevar energía desde las generadoras con costos más bajos hacia las zonas donde está la demanda, por falta de capacidad de transmisión. Esto obliga a todo el país a pagar por energía proveniente de fuentes de generación más costosas que sí cuentan con la transmisión adecuada para cubrir la demanda.

El gremio presentó el informe sectorial sobre el comportamiento de la demanda de energía en Colombia. Indica que los precios de la energía no reflejan la caída de la demanda durante el aislamiento preventivo obligatorio aplicado por el Gobierno frente a la pandemia, entre marzo y agosto de 2020.