Por incluir una anotación sobre la 'suspensión de derechos políticos' en el historial crediticio de 288.753 colombianos, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dejó en firme la multa por $ 702 millones impuesta a la Central de Información Financiera (Cifin).
De acuerdo con la Superindustria, la actividad de la de Cifin, que fue adquirida en 2016 por Transunion, solo se rige por la Ley Estatutaria 1266 de 2008, que regula los datos personales sobre el nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias y aclara que la suspensión de derechos políticos no es una información que haga referencia a estos temas.
'No toda información de naturaleza pública puede ser tratada por los operadores de bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países', señala.
Recuerda que la Corte Constitucional ha concluido que en la Cifin no se deben incluir datos relacionados con los derechos políticos de las personas, y que desde el 2015 ha ordenado retirar esa información de dicha base de datos.
'A pesar de que desde 2015 la Corte Constitucional ha ordenado retirar de la central de información CIFIN cualquier tipo de información negativa resultado de la pérdida o suspensión de derechos políticos, se ha continuado registrando ese tipo de información respecto de, por lo menos, 45.835 personas', indica la SIC.
La Superindustria no solo confirmó la multa, sino que ordena suprimir de la historia de crédito de todos los titulares la mencionada anotación.
