La Contraloría General de la República estrenó el ejercicio de la llamada función de advertencia con un pronunciamiento al Gobierno nacional frente a la convocatoria pública para la selección del inversionista que se encargará del proyecto de construcción de la Regasificadora del Pacífico y el Gasoducto Buenaventura-Yumbo.
Allí señala varios riesgos que se corren con el mismo, empezando porque el esquema de remuneración establecido implicaría un impacto tarifario para los usuarios de gas en el país, al entrar en operación esta planta en 2024, dado que se verían afectados con un incremento del 32 por ciento en tres años.