Afinia, filial del Grupo EPM, anunció que adelantará un proceso de terminación de contratos de condiciones uniformes para la prestación del servicio de energía eléctrica a varias entidades oficiales que no pagan el servicio y que acumulan una deuda millonaria.
El gerente general de Afinia, Javier Lastra Fuscaldo, aseguró que la medida obedece a que la mayor deuda del segmento de los grandes consumidores, que suma $175.000 millones, se concentra en los clientes oficiales protegidos constitucionalmente, cifra que asciende a $159.661 millones y corresponde al 91% de estos clientes.
Destacó que la compañía trabaja para cumplir los compromisos adquiridos con el Gobierno nacional para prestar a sus usuarios el servicio de manera confiable y eficiente.
Indicó que en un poco más de dos años de operación, ha gestionado inversiones que superan $1 billón representados en nuevas subestaciones, reemplazo de la antigua red de distribución, normalización de redes en barrios subnormales y usuarios con tarifas comerciales 1 y 2, entre otras importantes inversiones.
Lastra Fuscaldo hizo un llamado al Gobierno y al Ministerio de Minas y Energía para que coadyuven en la formulación y adopción de políticas acorde a las realidades y necesidades de los sectores en los territorios.
Solicitó al Congreso de la República para que en el marco de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo queden incluidos los recursos para el pago de esta cuantiosa deuda y se prevean los mecanismos que garanticen la destinación de los rubros presupuestales para el pago de la energía de los clientes oficiales y, de manera preferente, en sectores de acueducto y saneamiento básico, salud, educación y alumbrado público. Otorgándoles a estos recursos un estatus equivalente o del mismo rango al que da la protección constitucional a estos sectores.
El llamado se extiende a los órganos de control, Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación para que activen los medios que permitan mantener vigilancia estricta a estas entidades en el cumplimiento de las obligaciones de Ley de presupuestar y pagar los servicios públicos a su cargo.
A la Contaduría General de la Nación para que garantice que se surtan los efectos derivados de los reportes trimestrales al Informe de Operaciones Recíprocas, y semestrales al Boletín de Deudores Morosos del Estado.
La compañía filial de EPM señaló que los clientes oficiales con mayor morosidad que suman $70.768 millones no han ingresado oportunamente los pagos al recaudo de la empresa, pese a la gestión integral personalizada que se ha desarrollado.
A causa de esta deuda, la empresa ha tenido que recurrir a créditos o capitalización para cubrir los pagos ante los agentes del mercado.
'Todas estas entidades están constitucionalmente protegidas por lo que no han dejado de recibir el servicio de energía; sin embargo, la terminación del contrato del servicio es un mecanismo legal ante los incumplimientos del pago. Lo anterior, debido a la negativa de la cancelación de la deuda o acuerdos, a pesar de los distintos esfuerzos realizados ante los representantes de estas entidades', indicó la empresa.
