Desde el mes de agosto se pondrá en marcha el plan para aumentar el precio del diésel en el país. El Ministerio de Hacienda ha refrendado que los grandes consumidores serán los primeros que sientan este ajuste.
El ministro Ricardo Bonilla explicó que se considera como un gran consumidor aquel que utiliza más de 20 mil galones mensuales. Agregó que se encuentran identificados y que en el 39 % corresponden a empresas de extracción de petróleo y gas, mientras que otro 19 % corresponde a actividades de explotación de minas y canteras.
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“Nosotros dijimos que no se tocaría al sector agrícola, pero me llama la atención que están los productores de azúcar. Se debe a los trenes cañeros, no a la transformación de azúcar ni la producción de etanol. El gran interrogante es porque no mueven su parque con etanol, en lugar de hacerlo con diésel. Resulta que el etanol lo pagamos a un precio más caro que el internacional. Si compráramos etanol importado, tendríamos un precio mucho más bajo”, puso de presente.
Subrayó que “el decreto de grandes consumidores nos va a ahorrar $50 mil millones de pesos. Eso es una cosa pequeña, pero es importante porque es el mensaje que ya estamos enviando”.
Mencionó que en 2022 se destinaron $20 billones para subsidiar el precio del diésel, mientras que el año anterior se utilizaron $15 billones para tal fin: “Se estima que si no hacemos nada, este año nos cuesta $11.6 billones y en el 2025, $12.8 billones. Eso lo tendríamos que pagar del presupuesto”.
Puso de presente que el déficit total fue $37 billones en el 2022, pero se transformó en $20 billones en el 2023.
“Subimos el precio de la gasolina, lo ajustamos, pero enviamos un mensaje perverso a la economía colombiana. El diésel es más contaminante que la gasolina. Resulta curioso que algunos sectores que producen biocombustibles consumen lo más contaminante”, dijo.
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El ministro Bonilla sostuvo que en el corto plazo se llevará a cabo una nueva mesa de trabajo con los transportadores para analizar cómo se hará el ajuste del precio del diésel: “Esa brecha hay que cerrarla, en algún momento hay que cerrarla; mientras no la cerremos implica presupuesto público”.
Fue enfático al sostener que no se quiere tocar el transporte de alimentos, para evitar impactos negativos a la inflación.
“Las centrales de abastos dicen que lo que se mueve son camiones de menos de 10 toneladas y todos son de 10, 15 y 20 años de vejez. A las centrales de abastos no entran tractomulas. Si queremos mirar alimentos que es lo que afectaría la inflación, tenemos que mirar exactamente qué es lo que entra por las centrales de abastos. Y podríamos generar alguna medida positiva con respecto a las centrales de abastos”, agregó.
